La familia Franco vuelve a cerrar al público el pazo de Meirás

El Pazo de Meirás vuelve a estar cerrado a cal y canto. Desde que comenzó este año, sus dueños, los herederos del dictador Francisco Franco, dejaron de cumplir con su obligación legal de abrir al público la emblemática propiedad enclavada en Sada (A Coruña). Las visitas guiadas y gratuitas, iniciadas en marzo de 2011, cesaron al decidir la Xunta no renovar el convenio anual con los Franco para sufragar a cuenta del erario público los gastos de seguridad y organización que entrañaban.

La Consellería de Cultura afirma que está a la espera de que la familia del caudillo le envíe una programación de visitas públicas del inmueble “de conformidad con la legislación vigente”, según anunció en el Parlamento la directora general de Patrimonio, María del Carmen Martínez Insúa. No hay fecha de momento para la reanudación de las visitas. Pagado con donativos forzosos y dinero público para regalarlo al dictador en plena Guerra Civil, el pazo de Meirás tiene que ser abierto al público un mínimo de cuatro días al mes tras su declaración en 2008, por la Consellería de Cultura, que entonces dirigía el BNG, como Bien de Interés Cultural en la categoría de monumento. Pero la familia Franco, que entabló una larga batalla en los tribunales, aún pendiente, para tratar de revocar esa declaración, estuvo demorando esa obligación legal hasta marzo de 2011, cuando logró que el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo negociase un acuerdo por el que se comprometía a pagar los gastos de seguridad y organización de las visitas de parte del pazo y sus jardines. Costaron 18.000 euros durante los siete meses de apertura de 2011 y se elevaron a 21.200 euros el pasado año. La Consellería de Educación y Cultura había mantenido hasta ahora al margen de los fuertes recortes de sus presupuestos el convenio anual con los Franco por considerar que el pazo de Meirás, ideado por la escritora Emilia Pardo Bazán y luego escenario estival de la dictadura durante casi 40 años, “puede ser blanco de actos vandálicos”.

Por eso, pese a las críticas de la oposición que siempre vio ese acuerdo como “un trato de favor” de la Xunta con los Franco, se sufragó con dinero público durante dos años los gastos de contratar a una empresa privada de seguridad —la misma a la que la familia del caudillo tienen encargada la vigilancia de su propiedad— para que se encargase de organizar las visitas, que se realizaban con guía cada viernes, en cuatro turnos. Más de 1.200 personas recorrieron la propiedad durante 2011 y unas 2.300 se apuntaron el pasado año. No se registró ningún incidente, como temía el Gobierno gallego. La consellería no precisó, en su contestación a una pregunta del Grupo Socialista, las causas por las que este año decidió no renovar ese acuerdo con los herederos del Caudillo. Pero lo cierto es que ya había admitido implícitamente el pasado año que no funcionaba de forma correcta el sistema de gestión de las visitas encomendado a la empresa Eulen. Había que apuntarse por teléfono o correo electrónico para reservar plaza con meses de antelación, lo que llevaba a que muchas de las personas apuntadas finalmente no acudiesen a la cita concertada. En la primavera de 2012, se habían agotado las reservas para todo el año y la empresa de seguridad emplazaba a quien pretendía visitar el pazo a intentarlo después de las Navidades. Pero el servicio cesó y Meirás vuelve a ser de uso exclusivo de los Franco.