El PP alega que no hay fondos para rescatar la obra del hospital de Vigo

Diez horas antes de arrancar la campaña electoral en la que el Feijóo logró conservar la presidencia de la Xunta, la conselleira de Sanidade de entonces y de ahora, Rocío Mosquera, celebraba en Vigo, a pie de obra, la “coronación” del acceso al nuevo hospital, el gran proyecto con el que el PP gallego quiere demostrar las bondades de la financiación privada de infraestructuras sanitarias. Este periódico informaban ya desde el verano que la concesionaria arrastraba inquietantes problemas para cerrar los créditos bancarios con los que proseguir los trabajos. “No hay ningún problema con la financiación”, negó aquel día Mosquera, rotunda. Tras la victorial del PP, la conselleira anunció que el acuerdo con los bancos se cerraría de forma inminente porque solo quedaban “unos flecos” y a principios de este mes optó por culpar al “problema financiero español”. Siete meses después ya es el propio Feijóo el que reconoce que no puede siquiera garantizar cuándo se terminará el hospital que atenderá el área de Galicia que más desespera aguardando vez para una consulta u operación.

El contrato de 1.300 millones de euros para proyectar, financiar, levantar y explotar los servicios del nuevo hospital de Vigo recayó en la empresa Concesionaria Novo Hospital de Vigo, SA, una UTE formada por cinco empresas: Acciona, Puentes y Calzadas, Altair, Obras, Caminos y Asfaltos (Ocasa) y Concessia. Las compañías que integran el grupo no están en su mejor momento. Ocasa acaba de entrar en concurso de acreedores y Concessia, la encargada de captar los préstamos, está participada por Bankia y la CAM, dos marcas con las que a estas alturas debe de ser difícil pedir dinero. Los bancos se niegan a prestarle a la UTE 120 millones de euros, de los 375 que conforman el presupuesto de construcción del complejo, y esta negativa bloquea otro crédito de 180 millones concedido por el Banco Europeo de Inversiones. Preguntada sobre qué alternativas maneja para resolver el problema, la Consellería de Sanidad fue ayer escueta: “Esta consellería no contempla que la UTE no logre financiación”. La Asociación Galega en Defensa da Sanidade Pública, Manuel Martín, teme, sin embargo, que la obra se quede “como está, para criar malvas”.

El ritmo de trabajo languidece en la obra del hospital desde el verano. En julio los bancos enfriaron las expectativas de préstamo y el dinero adelantado por la UTE empezó a verse insuficiente. La constructora rescindió cientos de contratos con los operarios y de los más de 500 empleados que allí trabajaban se pasó a algo más de un centenar, cifras en todo caso lejanas a los “2.400 empleos directos” que anunció la Xunta cuando explicó los detalles del contrato. En la parcela ubicada entre las parroquias viguesas de Beade y Valladares, donde se alza la estructura del futuro hospital, se oyen golpeteos esporádicos, impropios de un complejo en construcción al que le queda menos de un año para cumplir el último plazo de finalización dado por la Xunta (el primero era finales de 2013, un imposible). Cómo se saldrá del atolladero de financiación en el que está metida la UTE es también una incógnita para quienes aún acuden cada mañana a trabajar allí.

El diputado del PP Miguel Santalices subraya que, como señaló Feijóo, el escollo tiene nombre: Ocasa, una empresa que posee un 10% de la concesionaria y que ya antes de entrar en concurso de acreedores arrastraba un historial de deudas y sanciones por malas prácticas. “Lo más razonable es que el resto de empresas de la UTE se hagan con el 10% que tiene Ocasa”, propone Santalices, quien sostiene que, con esta operación, que se podría ejecutar, aventura, en mes y medio, se salvaría el plazo de finalización acelerando la obra con “700 u 800 obreros”.

De lo que no quiere ni hablar el parlamentario popular es de que la Xunta rescate la concesión, como propone la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública por “incumplimiento flagrante” del contrato por parte de la UTE adjudicataria. “¿Dónde está el dinero público para hacer ese rescate? Es que no lo hay”, responde Santalices, que defiende la pervivencia del concierto con el hospital privado Povisa cuando el nuevo centro público entre en funcionamiento porque, esgrime, la sanidad privada tiene que ser un “complemento” de la pública. “Lo que está ocurriendo con el hospital de Vigo no pone en cuestión el modelo de financiación público-privada porque, con el problema de déficit y deuda, es el único posible. Cuando no se tiene dinero, se pide prestado. ¿Que cuesta más? Indudablemente, hay que pagar los intereses”.

La Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública presentó ayer en la parcela del hospital en obras, junto a los líderes de PSdeG, AGE y BNG —Pachi Vázquez, Xosé Manuel Beiras y Francisco Jorquera—, una campaña de movilización ciudadana para urgir el rescate público de la obra. “Nadie puede condenar al área de Vigo a tener una sanidad privada para los próximos 25 años”, proclamó Vázquez, mientras Beiras insistió en que Xunta y PP “matan” a la gente con sus políticas “más que cualquier actividad terrorista”. Para Vence la obra parada es el “reflejo del fracaso de un modelo” y generará “costes al erario público”.