Colectivos de Arousa piden retirar los tanques químicos del puerto

Un año después de que la secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental hiciera pública la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que solicitaron las empresas químicas Finsa y Foresa para almacenar productos químicos en el puerto de Vilagarcía, la Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa (PDRA) ha anunciado que reiniciará acciones legales contra la Xunta para paralizar la actividad.

La legalización solicitada por ambas empresas en 2009 la promovió el gobierno de Núñez Feijóo cuatro días antes de revalidar el cargo como presidente de la Xunta en las pasadas elecciones autonómicas. El hecho fue considerado un paso en falso para los colectivos ecologistas y marisqueros que integran la plataforma y que en los últimos 14 años han interpuesto varios contenciosos, todos ellos con sentencias favorables, por los que se declaró nula la autorización concedida por la Xunta en 2000. El último fallo se conoció en 2009 cuando el Tribunal Supremo ratificó la ilegalidad de los permisos que permitió a las empresas almacenar y transportar productos petrolíferos y químicos en las terminales portuarias de Ferrazo durante 10 años pese a que no contaban con los informes medioambientales necesarios para operar.

Ahora, la plataforma avanzará el viernes las actuaciones judiciales que el equipo jurídico emprenderá para que se ejecute el fallo del Supremo que vendría a anular el informe medioambiental aprobado el pasado año por la Xunta. La PDRA entiende se tenía que haber reiniciado el procedimiento administrativo desde el principio por lo que la Xunta habría cumplido solo parcialmente la resolución judicial irrecurrible. Además de interponer otro contencioso contra la Xunta, la plataforma convocará asambleas informativas con todos los sectores del mar implicados para acordar posibles movilizaciones. Estos colectivos y la Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia (Adega) se habían opuesto a la Declaración de Impacto Medioambiental en su fase de alegaciones que fueron rechazadas en su totalidad.

“No nos vamos a quedar quietos porque entendemos que la última actuación de la Xunta no es el final de un largo proceso judicial en el que no se ha cumplido ninguna sentencia, mientras la actividad de los depósitos no se llegó a paralizar”, dijo el portavoz de la plataforma, Xaquín Rubido. “Todavía nos queda la vía del contencioso para obligar al gobierno a rectificar”, añadió. La PDRA y Adega llevaron a los tribunales al Ayuntamiento de Vilagarcía y a la Xunta logrando que el Tribunal Superior de Galicia anulase la licencia a las empresas, resolución que luego ratificó el Supremo. Aún así, los demandantes no consiguieron efectos en la práctica. Ni siquiera lograron una negociación con los sucesivos gobiernos de la Xunta para promover el traslado de los tanques en su empeño por evitar una actividad potencialmente peligrosa para las poblaciones del entorno y del medio marino.