Educación convoca a 500 expertos para estudiar alternativas a la ‘ley Wert’

La Junta ya trabaja para buscar alternativas a la aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que ha diseñado el ministro de Educación de José Ignacio Wert. La consejera de Educación, Mar Moreno, anunció este martes, tras el Consejo de Gobierno, que ya está en marcha el diseño de un “plan B” para analizar alternativas a la aplicación de la norma en Andalucía. Para ello, ha convocado a 500 expertos que, además, estudiarán a partir de junio la constitucionalidad de la norma conocida como ley Wert.

La Junta de Andalucía pretende, en palabras de la consejera “minimizar los efectos negativos” de la aplicación de la LOMCE en el alumnado andaluz una vez que la ley sea aprobada en el Congreso y, sobre todo, si el nuevo marco legal no incluye los cambios que se le están reclamando.

El Gobierno de Andalucía no se va a quedar “de brazos cruzados”, advirtió Moreno ante una ley que, según dijo la consejera, no persigue el éxito escolar ni la mejora educativa, sino la creación de un sistema “duro” con los que tienen dificultades, “blando” con la enseñanza privada y “cargado de ideas del pasado que bloquean el futuro de los jóvenes”.

La reforma ha sido duramente criticada por parte de la comunidad educativa, partidos políticos nacionalistas y de izquierda y comunidades autónomas gobernadas por formaciones diferentes del PP.

Para diseñar una alternativa viable, la Junta va a convocar a 500 expertos en docencia que realizarán un examen a fondo de la normativa propuesta por el Gobierno central.

Este grupo estudiará las posibles causas de inconstitucionalidad que, según sospecha la Junta, se incluyen en los cambios que el Gobierno quiere fijar. El objetivo es, dijo la consejera, abrir un debate participativo que movilice al conjunto de la comunidad educativa y cuyas conclusiones se cierren en el seno del Consejo Escolar con un “consenso amplio”.

El diseño de este plan de alternativas incluirá la detección de puntos donde se puedan plantear enmiendas al texto del ministro Wert. Así, Moreno dijo que, en primer lugar, se estudiarán los “márgenes legales” que tiene Andalucía para minimizar los efectos negativos de la reforma y también se deberán adoptar decisiones en cuestiones abiertas a las comunidades autónomas.

La idea de la consejera es realizar un “análisis a fondo” de la futura ley, de los cambios en aspectos que en principio competen a las comunidades autónomas, como los contenidos curriculares, la autonomía de los centros, horarios de asignaturas y valoración de las mismas, ya que la religión volverá a ser evaluada y contará como una nota más en el currículum del alumno.

Este último aspecto es uno de los que más controversia ha despertado de la ley Wert. El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, el sacerdote José Chamizo, rechazó esta propuesta y reconoció que, aunque todavía no ha podido leer la normativa, el hecho de que la religión sea una asignatura evaluable no le gusta. “La catequesis debe enmarcarse en el ámbito de las parroquias y las familias”, dijo.

Chamizo apostó por crear una materia de cultura e Historia de las religiones porque, según señaló, interpretar el arte y la antropología de determinadas civilizaciones sin unos conocimientos “mínimos” de religiones, como el hinduismo o el islamismo es “complicado”. Incluso defendió que se estudiase el ateísmo como otra “opción” dentro de dicha asignatura. Esta materia, en su opinión, no debería ser nunca una “maría”, apelativo común para las disciplinas cuyo estudio no supone esfuerzo.