Las cuatro ventanillas del soberanismo

Uno de los mantras de la Administración es la reducción de ventanillas para ahorrar burocracia al ciudadano. Un principio que no se aplica Artur Mas, presidente de la Generalitat, en el camino hacia la consulta por la autodeterminación de 2014; un proceso con múltiples ventanillas. Mas debe responder a la hoja de ruta fijada en su programa electoral; a las exigencias del pacto con Esquerra Republicana; y atender a las peticiones de la oposición, que le reclama que el proceso no esté liderado por el Gobierno, sino que lo haga el Parlament y cuente con los agentes sociales. Un encaje de bolillos que Mas ha querido solucionar creando múltiples organismos para vehicular el proceso soberanista.

Consejo Asesor para la Transición Nacional: Es la principal herramienta de Mas para liderar el proceso. Un consejo que asesora al Gobierno y a su presidente sobre los pasos a seguir para convocar la consulta y tener el terreno preparado para la independencia. Su misión inicial era analizar todas las vías posibles para celebrar el referéndum, pero una vez puesto en marcha, su objetivo principal ha sido estudiar el escenario de la independencia. Sus integrantes se harán cargo de 19 informes de los cuales 17 versarán sobre el escenario de un Estado catalán: la constitución, el ejército, las telecomunicaciones, las relaciones internacionales, el reparto de activos y pasivos con España. El Consejo tendrá terminados los documentos en marzo de 2014, a más tardar. Presidido por el jurista Carles Viver Pi-Sunyer, exvicepresidente del Tribunal Constitucional y director del Instituto de Estudios Autonómicos, lo forman 14 expertos de perfil soberanista, desde juristas, politólogos y sociólogos hasta la periodista Pilar Rahola. Su participación no es remunerada, aunque el Consejo tiene la posibilidad de encargar algún informe a un experto externo que cobre por ello.

El Consejo Asesor es el que más reticencias ha despertado en la oposición. El Gobierno del PP ya ha anunciado que remitirá su creación al Tribunal Constitucional. El PSC lamenta que su misión sea estudiar la separación, y no solo los mecanismos legales para la consulta; Iniciativa ve en el órgano asesor una vía para que el Gobierno se apropie del proceso soberanista sin tener en cuenta a los partidos.

Comisión sobre el derecho a decidir: Es la vía parlamentaria para consensuar con los partidos que defienden la consulta el camino hacia la votación. Una petición de las formaciones que ha empezado a tomar forma en las dos últimas semanas. Para darle la máxima importancia la presidirá Núria de Gispert, presidenta del Parlament, que hasta ahora se reservaba comisiones simbólicas como la del reglamento o la de materias reservadas. El PSC, que está en la comisión, lamentó el nombramiento al considerar que la presidenta representa a todos los diputados, y ni PP ni Ciutadans están en la comisión.

Pacto Nacional sobre el derecho a decidir: Es la suma de todos los agentes que apoyan la consulta. En un proceso que Mas quiere llenar de simbolismos, el pacto es clave: su desarrollo afectará poco al día a día del camino hacia la consulta, pero las cumbres que se celebren marcarán si los pasos dados se hacen con o sin consenso. En el pacto están CIU, ERC, ICV y la CUP; representantes municipalistas; sindicatos, patronal y otras entidades. El PSC es reacio a sumarse al considerar que el Gobierno menosprecia a los que defienden la consulta pero no la independencia. Los socialistas no han tomado su decisión final, pendientes de un fuerte debate interno sobre esta cuestión.

Diplocat: Mas convirtió el antiguo Patronat Catalunya-Món en Diplocat, un instrumetnto para dotar a la comunidad de una diplomacia amateur. En colaboración con las delegaciones exteriores, la misión de los colaboradores de Diplocat —cualquier catalán que viva fuera de España puede sumarse— es extender el mensaje soberanista de la Generalitat por el mundo. Por ello ya cuentan con dos informes. El primero da argumentos para justificar el desafío independentista, describiendo España como un país con una estructura “caótica” que “ahoga” los intereses catalanes. El segundo, más teórico, explica las cinco vías por las que se podría convocar una consulta bajo el manto legal.