La caída de los pretorianos

El caso Pretoria, que destapó una supuesta trama de corrupción urbanística en el cinturón de Barcelona, se deshace como los polos: lenta pero inexorablemente. Han pasado tres años y medio desde que la Guardia Civil irrumpiera en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet y detuviese, entre otros, a Bartomeu Muñoz. El exalcalde del PSC es uno de los imputados que sigue inmerso en la causa, lo mismo que Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, dos hombres de confianza del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol. Pero las expectativas creadas al inicio del proceso, cuando el juez Baltasar Garzón lideraba la investigación, se han venido abajo.

Empresarios, intermediarios y políticos de Santa Coloma, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres causaron un perjuicio de 44,7 millones de euros a las arcas públicas con pelotazos urbanísticos entre 2002 y 2009. Esa era la tesis inicial. El devenir de la investigación, sin embargo, ha desdibujado en gran parte ese relato. “Las operaciones urbanísticas que detalló Garzón no estaban bien argumentadas; además, se equivocaron con los datos económicos. Todo eso se ha ido aclarando y ha hecho que muchos imputados se descuelguen”, sostiene el penalista Josep Riba, abogado del exconcejal colomense Manuel Dobarco, aún imputado.

Los informes periciales han desmontado uno de los aspectos centrales del caso: la presunta malversación de fondos procedentes de la UE. Esos informes han acreditado que los promotores pagaron un precio de mercado por los terrenos y que “las obras municipales se ejecutaron; el dinero se destinó para lo previsto”, precisa Albert Boada, abogado de Pascual Vela. Este último ejercía como gerente de Servicios en Santa Coloma cuando estalló el escándalo. Es el último de los nueve imputados para los que se ha decretado el archivo de la causa. Otros 11 siguen imputados. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz considera que no hay “indicios suficientes” para acusar a Vela de fraude en la adjudicación de guarderías y aparcamientos con el uso de fondos europeos.

El caso de Vela revela una forma de investigar la corrupción que, aunque eficaz, a menudo crea problemas. El caso Pretoria nació por unos documentos hallados en el despacho de abogados Petrus —de ahí el nombre— pero se basa, sobre todo, en los pinchazos telefónicos. En una de esas llamadas, el exgerente llega a afirmar: “Esto es como si hicieras una factura falsa”. El abogado de Vela cree “insuficiente” que se le atribuya un delito de falsedad documental basándose en esa afirmación, sin ningún documento que lo acredite.

El juez Ruz ha dejado fuera del proceso a nueve personas por falta de indicios o porque las acusaciones “han quedado sin sustento”. Y los que siguen inmersos en Pretoria, como el exalcalde socialista, han visto cómo las acusaciones han mermado su potencial. “Lo que quedaría contra Muñoz serían presuntos pequeños sobornos que, en todo caso, debería conocer un juzgado de Santa Coloma”, añade Riba. Por ejemplo, los tres sobres que el empresario Manuel Carrillo, también imputado, entregó a Muñoz en julio de 2009. Los sobres contenían 6.480 euros que el empresario dio, presuntamente, a cambio de renovar la concesión del servicio de limpieza del Ayuntamiento.

Algunos de los protagonistas llegaron a pasar meses en prisión provisional. Tras su detención, aparecieron ante las cámaras de televisión esposados y sosteniendo una bolsa de plástico en su traslado a la Audiencia Nacional. Aquel auto de prisión de Garzón, junto a los escritos de la Fiscalía Anticorrupción, apuntaban a una trama que, gracias a su influencia sobre cargos públicos, logró que ciertos proyectos y adjudicaciones cayeran en manos de empresarios amigos a cambio de suculentas mordidas, que oscilaban entre “el 3 y el 5%”, según los informes. La Guardia Civil detalló el funcionamiento de la trama: se adjudicaba a alguien una operación inmobiliaria, se cambiaba al adjudicatario, se recalificaba el proyecto y se vendía a un precio muy superior, lo que generaba unas plusvalías enormes, de unos 10 millones por proyecto.

Los supuestos conseguidores fueron Alavedra, Prenafeta y el que está considerado cerebro de la trama: el exdiputado del PSC Luis García Sáez, Luigi. Los ex hombres de confianza de Jordi Pujol desplegaron “una actividad agotadora para conseguir voluntades en el ámbito político”, especialmente en la Generalitat, según la fiscalía. Luigi era “una especie de consejero en la sombra que mediatizaba todas las decisiones” del alcalde y de otros cargos municipales. La investigación sobre los tres se centra ahora en saber si cometieron blanqueo de capitales. La petición de comisiones rogatorias a paraísos fiscales es una de las últimas diligencias solicitadas por el magistrado. El caso, señalan fuentes judiciales, avanza con cierta lentitud. “La investigación fue desproporcionada al principio y también influye el hecho de que Ruz no haya llevado el tema desde el principio”, añaden las mismas fuentes.

El caso Pretoria se centró, precisamente, en tres grandes operaciones: Pallaresa (en Santa Coloma), Niesma (Sant Andreu de Llavaneres) y Badalona Building Waterfront. En el caso de estas dos últimas, no se han podido probar las irregularidades, como lo prueba que los principales implicados estén ya fuera del proceso.