Juicio a dos exdelegados del PP de la Zona Franca de Cádiz

Cuando el próximo viernes arranque el juicio por el caso Rilco, la justicia en Cádiz habrá dado un paso enorme. Más de una década después de que se denunciaran las primeras irregularidades contra la gestión del PP al frente de la Zona Franca llega la primera gran cita judicial. Es la hora de la verdad. El momento aguardado por la Abogacía del Estado para demostrar sus denuncias. También por los ex delegados del PP, Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, que llevan años bajo sospecha. Lo que desde el viernes se va analizar es si un portal informático de comercio con América fue un potente negocio que los escándalos frustraron, como dicen los principales acusados, o fue un mecanismo para desviar dinero de todos a cuentas de unos pocos, como sostiene la acusación.

Todo en el juicio girará en torno a la Red Iberoamericana de Logística y Comercio, Rilco. Es un proyecto personal de Manuel Rodríguez de Castro, delegado del Estado en la Zona Franca entre 1996 y 2001, año en el que dimitió acuciado por los escándalos. Él lo defiende como una plataforma de comercio electrónico que, de haberse desarrollado, hoy valdría millones. La acusación —que ejercen la Abogacía del Estado en representación de la Zona Franca, la fiscalía y el PSOE— cree que fue la pantalla para sustraer dinero a través de dos personas de su entorno, el matrimonio Germán y Camila Leyva, que simularon ser los representantes de una sociedad que recibió cuantiosos contratos públicos a pesar de no reunir condiciones para ello. En el juicio se intentará demostrar que dinero de la Zona Franca acabó en cuentas de una empresa sin actividad de Rodríguez de Castro.

En el banquillo también se sienta su sucesor en el cargo, Miguel Osuna, delegado hasta 2004. Él defenderá que no sabía nada, que continuó con el proyecto porque nadie la advirtió de irregularidades. Pero la acusación le desmentirá. Tratará de demostrar que fue consciente de las ilegalidades y no hizo nada por evitarlas.

Los dos exdelegados se enfrentan a peticiones de entre 10 y 13 años de cárcel por prevaricación, malversación o fraude, entre otros delitos. Ambos se sentarán en el banquillo con una condena bajo el brazo: la sentencia del Tribunal de Cuentas que, por los mismos hechos, les señala como responsables contables de la desaparición injustificada de 4,3 millones.