Condenados dos exdelegados en la Zona Franca de Cádiz a devolver 4,3 millones

El Tribunal de Cuentas ha dictado sentencia contra Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, dos exdelegados del PP en la Zona Franca de Cádiz en la etapa de José María Aznar. Ambos han sido condenados a devolver el recinto fiscal que dirigieron 4,32 millones de euros. Es la cantidad que, a juicio del órgano fiscalizador, gastaron sin justificación en un portal informático denominado Rilco y que, aunque llegó a existir, nunca funcionó ni dio resultado alguno.

La condena del Tribunal de Cuentas se conoce solo una semana antes de que ambos se sienten en el banquillo por el juicio que analiza el mismo caso en la vía penal. La Fiscalía pide para ellos penas de entre 10 y 13 años de cárcel.

Manuel Rodríguez de Castro fue delegado hasta 2001, cuando dimitió acuciado por los escándalos que le rodeaban, entre acusaciones de gastos suntuosos y desvíos de dinero público.

Su sucesor, Miguel Osuna, en el cargo hasta 2004, recibió el encargo de mejorar la imagen de la Zona Franca y aclarar las denuncias de aquellas irregularidades. Pero el Tribunal de Cuentas cree que ambas gestiones menoscabaron el patrimonio de la Zona Franca para beneficio personal.

Según la sentencia conocida ahora y fechada el pasado 9 de mayo, Rodríguez de Castro es responsable contable por intención y Osuna lo es por grave negligencia, ya que el tribunal considera que pudo parar el desvío de dinero público y, en cambio, lo amplificó.

La primera sentencia, la conocida en 2011, fiscalizó los años transcurridos entre 2001 y 2004, la última etapa de Rodríguez de Castro y todos los años de Osuna en el cargo. Ambos delegados recurrieron utilizando varios motivos. Rodríguez de Castro adujo indefensión y también que los hechos investigados ya habían prescrito, argumentos que también usará en la vía penal pero que el Tribunal de Cuentas rechaza. El nuevo fallo rechaza uno por uno el resto de argumentos aportados por ambos exdelegados, que trataron de justificar en sus recursos la legalidad y viabilidad del proyecto Rilco.

El tribunal cree que Rilco fue la herramienta para mover el dinero de la Zona Franca a negocios en Miami vinculados al propio Rodríguez de Castro, tal como denunció la Abogacía del Estado. Se trataba de un portal informático de comercio con América, que el ex delegado llegó a comparar con el millonario negocio de Yahoo. Recibió cuantiosas partidas públicas en concursos llenos de irregularidades. “La adjudicación se hizo sin el acuerdo del comité. El importe total se abonó mucho antes de ejecutarse los trabajos. No constan informes que acrediten entregas. Los pagos se hicieron sin exigir garantía alguna”, enumera la sentencia.

Los exdelegados sostenían que Rilco estuvo operativo tres años y que se pagó por él el valor del mercado de entonces. Pero la sentencia certifica que el supuesto portal, aunque llegó a existir, no realizó nunca las prestaciones que se pagaron. Rodríguez de Castro llegó a asegurar en su recurso que devolver el dinero que costó Rilco a la Zona Franca sería un “enriquecimiento injusto” para ese organismo. “No es enriquecimiento, es la reparación por el daño experimentado”, le responde con contundencia el tribunal. Osuna trató de salvarse argumentando que él no participó en los contratos ni en la recepción del portal y que firmó esos pagos porque nadie le advirtió de irregularidades, en clara alusión a los abogados del Estado que representaban a la Zona Franca. Pero el tribunal cree que Osuna “al tomar posesión de su cargo tuvo que conocer las circunstancias fraudulentas que rodeaban el proyecto Rilco, dada su notoriedad, incluso mediática, y su relación con el cese de su antecesor”.

La sentencia resuelve que la gestión “antijurídica” de ambos tuvo una responsabilidad contable porque ocasionaron un “daño real y efectivo a través de una conducta dolosa, en el caso de Rodríguez de Castro, y gravemente negligente”, en el de Osuna. De esta manera confirma la condena del fallo de 201 que obligaba a Rodríguez de Castro a devolver 1,64 millones de euros. Osuna es condenado a reponer 2,67, es decir, más de lo que se le exige al ideólogo del proyecto. Esto se debe a que en la etapa de Miguel Osuna se consumaron los pagos más cuantiosos. Ambos asumirán también las costas del proceso. Con todo, la sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo.

“La sentencia contable no tiene nada que ver con el proceso penal”, se apresuró a asegurar el abogado de defensor de Osuna, Felipe Meléndez. El letrado, con todo, admitió que el fallo del Tribunal de Cuentas, a solo una semana de que arranque en la Audiencia Provincial el juicio por esta causa, “no llega en el mejor momento” para su cliente. Miguel Osuna tiene otra cuenta pendiente con la justicia: la presunta estafa cometida contra la Zona Franca por los responsables de la empresa Quality Food. Osuna deberá declarar este lunes en el juzgado ya que la instrucción de esta causa sigue abierta. Él fue el denunciante pero la juez le ha llamado a declarar como imputado. Lo único positivo para él es que, al menos, le ha aceptado una lista con 15 testigos para avalar la versión de su inocencia.