Opinión
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Identidades excluyentes

Cierto valencianismo ha hecho valer en la sociedad civil lo que le han negado las instituciones. Y el PP viene ahora de nuevo con la amenaza de la excomunión

No sé a ustedes, pero una idea de España de la que los catalanes estén obligados a formar parte contra su voluntad me parece mucho más penosa que otra de la que los catalanes (o los vascos) quieran formar parte porque se encuentren razonablemente cómodos. Puede que sea un ingenuo, pero noto a faltar al estadista que responda al malestar soberanista en Cataluña haciendo de la necesidad virtud y asumiendo, no solo que se va a consultar a los ciudadanos de aquel territorio, sino que se va a hacer lo imposible para que decidan quedarse.

Algo parecido ocurre con los exabruptos del PP valenciano sobre las señas de identidad. Son muchos los que criticaron (los que criticamos) en su día el pacto que llevó al Estatut d’Autonomia porque hacía demasiadas concesiones al discurso intransigente de quienes pretendían trazar fronteras intransitables entre concepciones distintas de la valencianidad. Y, sin embargo, hicieron (hicimos) también de la necesidad virtud para apostar por buscar el encaje de la emotividad y la racionalidad, del sentimiento elemental y el rigor histórico y cultural, de la reivindicación y la tradición, para delimitar un espacio de convivencia sin el cual no es viable una sociedad. El pacto de la Acadèmia Valenciana de la Llengua no fue el menor de los esfuerzos en esa dirección. La evolución ha sido notable. Hoy en día, en los colectivos del valencianismo político no se habla de símbolos y banderas, sino de futuro. El valencianismo civil y cultural, por su parte, ha depurado un discurso de convivencia y pluralidad ganando a golpe de esfuerzo un espacio más allá de la dialéctica estéril catalanismo-anticatalanismo.

Cierta sociedad civil ha sobrevivido a la marginación, a la exacerbación triunfal del poder de la derecha en estado de máxima excitación. Cierto valencianismo ha hecho valer en la sociedad civil lo que le han negado las instituciones. Y el PP viene ahora de nuevo con la amenaza de la excomunión. Un diputado de la Coalició Compromís tuvo que recordarle en las Cortes Valencianas al acalorado portavoz adjunto popular que el preámbulo del Estatut, con su referencia a la tradición proveniente del “histórico Reino de Valencia”, a la “concepción moderna del País Valenciano” y a la autonomía valenciana como “integradora” de las dos corrientes, refleja una función interpretativa y pretende arrojar luz sobre la norma que regula nuestro autogobierno. Algo que compartiría cualquier demócrata o, sencillamente, cualquier liberal.

En otras palabras, el pacto del Estatut, aun con la boca pequeña, buscaba sumar. Justo lo contrario que pretende el PP cuando echa mano de su “ideología de reserva”, como la denomina Manuel Alcaraz, para intentar mantener en marcha un motor que se gripa entre chirridos de crisis y negras humaredas de corrupción. Sin duda, una idea de la Comunidad Valenciana de la que se vean obligados a formar parte amplios sectores sociales y de opinión es mucho más penosa que otra en la que quepan la diversidad, la pluralidad y la discrepancia. Resulta increíble que alguien intente proscribir, amparado en su mayoría, un término, el de País Valenciano, que figura en las siglas de dos de las tres fuerzas parlamentarias de la oposición. Y que lo haga en nombre de una concepción excluyente de la identidad cuyo pretexto discriminatorio apenas enmascara el pánico al cambio y a la libertad.

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