El TSJA traslada a los jueces decanos un acuerdo para revisar desahucios

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) va a trasladar a los jueces decanos un acuerdo por el que se insta al Servicio Común de Notificaciones y Embargos a devolver a los juzgados correspondientes las órdenes inmediatas de desahucios en cumplimiento de la ley de protección de deudores hipotecarios. Esa ley, publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece que las partes ejecutadas disponen de un mes de plazo para oponerse al desahucio si hay posibles cláusulas abusivas. Como ya existe en Granada ese acuerdo, se va a “extrapolar” al resto de Andalucía, según explicó esta mañana el presidente del alto tribunal andaluz, Lorenzo del Río, para que los demás jueces decanos de la comunidad procedan en “igual sentido”.

Según el documento firmado por el juez decano de Granada, Francisco Sánchez, “deben suspenderse los lanzamientos decretados (…) que se hallen pendientes, devolviendo a los juzgados correspondientes los mandamientos con objeto de que estos, transcurrido el plazo, decreten lo procedente”. Al inicio de unas jornadas sobre desahucios en Granada, Del Río se refería así al acuerdo adoptado que es de cumplimiento “inmediato”. La publicación de la Ley 1/2013 “nos da una facultad muy amplia a los jueces”, destacó el presidente, que consideró “importantísima” la que concesión de un mes de plazo para que todos los procesos de ejecución se revisen por “si hay cláusulas impeditivas o abusivas que exijan retirarlas”.

Al mismo tiempo, recordó, incluye “obligatoriamente la suspensión durante dos años de desahucios de vivienda” en casos de personas con riesgo de exclusión social y admite, prosiguió, “llamadas de atención” con respecto a jueces, notarios y todos los que intervienen en el proceso para el estudio de esas cláusulas y determinar si son abusivas y cuáles son los intereses.

Del Río reconoció avances legales en este “drama social”, que afecta a toda la sociedad y por ello dijo que, “jurídicamente, los jueces tenemos que ser imaginativos”. Ahora, hay más apoyo legal que suple “lagunas legislativas”, pero “debemos procurar que se profundice en su aplicación para beneficio de los colectivos afectados”. Recordó que, desde hace tiempo, el juez estaba “llamando la atención”, ya que es a ellos a quienes llegan “personas de carne y hueso con ese problema acuciante”. Ahora hay mecanismos de “mayor sensibilidad social frente a la cultura del dinero que es lo que teníamos”, dijo.

El plazo de un mes se concede en la ley a los procesos ejecutivos en curso, que se suspenden hasta que se resuelva el incidente, esto es, hasta que el juzgado resuelva lo planteado por las partes en el nuevo plazo dado y determine si hay cláusulas abusivas.

La coordinación judicial y la mediación entre las partes implicadas en los procesos hipotecarios resultan cruciales a la hora de atajar el “drama social” de los desahucios, según han advertido a Efe algunos de los expertos participantes en el encuentro celebrado en Granada e inaugurado por Del Río.

Según Miguel Olmedo, decano de la Facultad de Derecho de Granada, estas jornadas pretenden ser un foro de debate sobre un problema social “muy grave” que, en su opinión, necesita de respuestas legales como la reciente ley de protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que entró en vigor ayer tras su publicación en el BOE.

Para este experto, se deben plantear soluciones que sean legales pero también “materialmente justas”, de modo que la respuesta pueda ser equilibrada entre la protección a los inquilinos que sufren los efectos “devastadores” de la crisis y los propietarios.

Entre esas posibles soluciones, en las que la coordinación judicial y la mediación entre las partes implicadas resultan cruciales, plantea los arbitrajes o la búsqueda de salidas como la dación en pago o la búsqueda de alquileres más económicos.