La Xunta no adoptará medidas sobre las ayudas forestales investigadas por fraude

La Xunta no tiene la más mínima intención de actuar, más allá de volver a verificar expedientes bajo sospecha, ante el supuesto fraude de cientos de miles de euros en subvenciones forestales de los últimos cinco años. La conselleira de Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana, ratificó esta tarde ante el pleno del Parlamento su determinación en “esperar a que la Justicia dictamine” antes de adoptar cualquier “medida de depuración administrativa o política” y averiguar dónde y cómo falló la tramitación en los servicios de su departamento de unos 900.000 euros en ayudas de silvicultura. No dijo ni palabra de los tres funcionarios de su departamento que figuran entre la quincena de imputados en el ya abultado sumario por supuestos delitos de falsificación de documentos públicos, estafa y usurpación de identidades que lleva dos años investigando el juzgado número 1 de Corcubión.

En respuestas a preguntas de AGE y del PSdeG-PSOE, la conselleira enmendó la plana a su director general de Montes, Tomás Fernández-Couto, quien hace un mes, también en el Parlamento, reconoció “la preocupación” y gravedad de un entramado que no dudó en calificar de “evidente engaño y falsificación”. Por el contrario, para Quintana, según dijo esta tarde, “es prematuro, aventurado y una falta de sensatez apuntar a la existencia de un fraude” mientras el juez no determine si se cometió delito. Tan sólo después decidirá la Xunta, “que ni está parada, ni se niega a asumir responsabilidades”, según Quintana, si es necesario revisar la tramitación y control de esas ayudas del Fondo Galego de Garantía Agraria, cofinanciadas por la Unión Europea. “Si hubo un mal procedimiento, estamos dispuestos a corregirlo”, manifestó la conselleira, aunque sólo después de cerrarse la vía judicial. De personarse como acusación particular en la causa abierta, como le reclaman insistentemente tanto la oposición como los afectados, tampoco dijo ni palabra.

En la tribuna del público asistieron a este intercambio parlamentario representantes del centenar de vecinos de la Costa da Morte afectados por aparecer como demandantes y beneficiarios de cientos de miles de euros en ayudas para reforestar parcelas de las que ni siquiera son dueños, como tampoco son titulares de las cuentas bancarias en las que fueron ingresadas esas subvenciones. Para Rosa Quintana, pese a insistir en que no eludirá “responsabilidades”, ni encubrirá nada, es de momento suficiente que se haya ordenado, “como medida de control extraordinaria y adicional”, que “personal ajeno al distrito forestal” de la Costa da Morte realice un nuevo “control de calidad” de los 68 expedientes bajo sospecha. La responsable de Medio Rural prefirió desviar la atención y sospecha hacia sus antecesores del gobierno bipartito, asegurando que más de la mitad de los “expedientes de reforestación reclamados por el juez”, 39 de 68, son de la época del anterior conselleiro, del BNG. “Pueden que se cometieran errores y sí es así ya se corregirán”, apuntaló.

Quintana no respondió a los interrogantes de la oposición sobre el porqué su departamento nunca comunicó a Hacienda, como es su obligación, el pago de esas ayudas públicos. Para la conselleira, ya se comprobó “dos veces” que los trabajos subvencionados fueron efectivamente realizados. Pero eludió comentar el hecho de que los auténticos dueños de las parcelas reforestadas nunca vieran un euro de esos cientos miles de euros del erario público.