Un empresario denuncia que pagó actos electorales del PP en Atarfe
Los populares denunciarán al industrial y atribuyen las acusaciones a una "venganza" La esposa del hombre que pagó el escenario de un mitin es una edil del PP sancionada
El empresario de Atarfe (Granada) Gonzalo Aivar ha afirmado públicamente que financió la última campaña electoral del PP con el pago de actos de este partido a cambio de “supuestos favores”. El PP de Atarfe (Granada) anunció este jueves que lo denunciará y el PSOE afirmó que pedirá la intervención de la Fiscalía Anticorrupción si la dirección del PP de Granada no aclara las denuncias.
Aivar sostiene que él y otros empresarios corrieron con gastos de la campaña electoral del PP en 2011 a cuenta de futuros “favores”, según avanzó la Cadena SER. Aivar no ha llevado la denuncia a los juzgados.
El presidente del PP en Atarfe y portavoz del grupo municipal, José Manuel Aranda, negó las acusaciones y las atribuyó a una “venganza” del empresario, que es el marido de María del Carmen Contreras, una concejal del PP de Atarfe expedientada por romper la disciplina de partido en reiteradas ocasiones.
El grupo municipal del PP está dividido en Atarfe y esa circunstancia es otra explicación de los populares, quienes aseguran que ellos sí irán a los tribunales y que sus “cuentas están muy claras”.
Mitin de Soraya Sáenz
Aivar señaló entre los actos supuestamente financiados por los empresarios de forma irregular el mitin del 9 de mayo de 2011 de la actual vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que entonces era portavoz del PP en el Congreso.
El industrial denunciante explicó que montó la carpa, algo que no niega el PP de Atarfe, aunque dice que eso se enmarca en las “aportaciones” que hacen voluntariamente los miembros de la lista electoral —su esposa iba en el puesto número cinco—.
“En el partido nunca han entrado facturas por esos conceptos a los que se refiere Aivar”, explicó el presidente local del PP, que lo justifica como “gasto propio” de los integrantes de la candidatura.
Aranda aseguró que la decisión obedece a que el empresario “está acorralado” tras el expediente de su esposa y su imputación en el caso Mercamed, las supuestas irregularidades en la organización de una feria de Marruecos promovida por el anterior gobierno de la Diputación (PSOE).
Los socialistas van a pedir la intervención de la Fiscalía Anticorrupción porque es, según dicen, “claramente una denuncia de financiación ilegal del PP en la provincia”.
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