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Louzán declara dos viviendas, locales comerciales y viñedos

También consigna “aportaciones” a las fundaciones Rías do Sur y Monte Castrove, de Meis, cuyo valor no indica

Los diputados de la Diputación de Pontevedra han publicado hoy sus declaraciones de bienes en el boletín oficial de la institución. Tras remolonear unas semanas, el presidente del ente, Rafael Louzán, ha declarado poseer varios bienes inmuebles en la provincia. El presidente consigna el valor catastral de una vivienda unifamiliar en 152.197 euros, un apartamento de 26.353, “locales comerciales” que suman 24.931, dos fincas rústicas destinadas a viñedo por 36.500 euros y una tercera “destinada a monte en proceso de C. [concentración] parcelaria” que vale según el catastro 31.712 euros. En total, 271.751 euros. Los valores catastrales son habitualmente inferiores a los del mercado.

Louzán reconoce un pasivo hipotecario de 164.724 euros y un saldo favorable en cuentas bancarias de 39.974. También posee tres vehículos, un Audi, un Citroën y una moto de la marca Piaggio cuyo “valor fiscal” es de 20.034, 14.196 y 860 euros, respectivamente. El presidente de la Diputación posee 50 acciones del Celta y 10 del Pontevedra, así como una plaza de garaje “en régimen de concesión administrativa" por valor de 9.233 euros. También consigna “aportaciones” a las fundaciones Rías do Sur y Monte Castrove, de Meis, cuyo valor no indica.

El anuncio del boletín avisa de que en las declaraciones no se incluyen los seguros de vida y que “en el supuesto de bienes indivisos se indica el valor correspondiente, según la porcentaje de participación del declarante en los mismos”.

Según lo publicado por el BOP, los diecisiete diputados del PP y los seis del PSOE se ajustan al modelo consensuado en la junta de portavoces, pero los cuatro del BNG optan por una declaración jurada. El diputado que más patrimonio aporta es el nacionalista César Mosquera, con un total de 656.000 euros, entre viviendas, ahorros y el valor de sus propiedades en terrenos. Los diputados de PP y PSOE aportan el valor catastral de sus propiedades, pero el portavoz del grupo provincial del BNG, César Mosquera, incluye el valor de mercado. Así el concejal de Pontevedra señala que tiene un salario de 29.500 euros anuales y es titular de fincas rústicas valoradas en 44.000 euros. El alcalde de Lalín, José Crespo Iglesias (PP), es propietario de una casa vivienda con finca con un valor catastral de 317.109,52 euros. En su patrimonio mobiliario declara varios depósitos a plazo fijo en varias entidades con un saldo de 86.105 euros. Depósitos en cuentas corrientes por 12.833,78 y en efectivo 2.500. Tiene además un Plan de pensiones en el BBVA por 116.231,13 euros y dos seguros en los que lleva aportado 23.706,51 euros y 29.030,52 euros. Por su parte, el edil de Vigo José Manuel Figueroa (PP) es propietario de una vivienda con un valor catastral de 144.067 euros. Tiene de saldo en sus cuentas bancarias 315.190 euros, un plan de pensiones por 16.990 euros y 30 acciones del Celta de Vigo. Además cuenta con un Audi A3 del año 1997 y declara un préstamo hipotecario por 102.460 euros.

La también concejala viguesa Marta Iglesias Bueno (PP) es la política más endeudada. Tiene dos inmuebles en propiedad con unos valores catastrales de 40.303,93 y de 26.941,57 euros y entre sus cargas figuran tres préstamos, dos de tipo hipotecario por 255.813,34 euros y de 16.424,29 euros. Además, añade un prestamos de carácter personal por 3.674 euros. Quien menos patrimonio declara es la concejala nacionalista de Vilaboa Ornela Fernández. Su salario neto asciende a 13.500 euros al año. Su única propiedad es un Renault Clío y una cuenta de ahorros con un saldo actual de 13.125,09 euros. Tampoco tiene patrimonio inmobiliario su compañero Uxío Benítez Fernández (BNG), concejal de Tui, que cobra un salario neto de 24.730,62 euros al año. En su cuenta corriente hay 1.994,49 euros y cuenta con un plan de pensiones por importe de 3.328,29 euros, un Citroën C4 y un préstamo para la financiación de un sofá.

José María Bello Maneiro (PP), alcalde de Valga, declara en su patrimonio inmobiliario dos viviendas unifamiliares, una por herencia con un valor catastral de 50.001 euros y otra comprada en el año 1987 de la que es titular del 50% con un valor de 99.051 euros. Begoña Estévez Bernárdez (PP), concejala de Vilaboa, tiene una vivienda unifamiliar en Marín por 96.000 euros y heredó la mitad de un piso en este mismo municipio, valorado en 36.167,68 euros. Además dispone de 38.500 euros de saldo en cuentas bancarias y le corresponde por la partición de una herencia 34.248 euros. Dispone de un plan de pensiones por 8.000 euros y el 24,5% de acciones en una sociedad mercantil correspondiente a la partición de una herencia. Su vehículo es un Audi A3 valorado en 14.472 euros y tiene contraido un préstamo hipotecario por 110.000 euros y otro para financiar el coche por 7.000 euros.

Arturo Grandal Vaqueiro (PP), alcalde de Salvaterra de Miño, dispone de 185.194 euros de saldo en cuentas bancarias. Por su parte Fernando Guitián (PP) alcalde de Gondomar dispone del 62% de una sociedad de ingeniería y el 25% de otra sociedad mercantil. El alcalde de A Estrada, José López Campos (PP), declara un plan de pensiones 65.000 euros. José Luis Pérez Estévez (PP), regidor de Meis, incluye en su patrimonio una vivienda en Seixo por 91.579,75 euros, y dos solares en Meis por 613,27 y 4.660,44 euros. María Pilar Ramallo Vázquez (PP), alcaldesa de Marín, declara una finca urbana con un valor catastral de 17.879,58 euros y como cargas un préstamo hipotecario por 139.382,63 euros y otro personal por 14.972,42 euros.

Severino Reguera Varela (PP) concejal de Pazos de Borbén, detalla en su patrimonio inmobiliario cupos hereditarios y tres locales comerciales por 69.241,04 por 19.785,85 y 25.676,05 euros, así como participaciones en una industria de pastelería y panadería, valorada en 60.000 euros, la mitad de una panificadora 9.000 euros y el 20% de una sociedad de inversiones 104.150 euros. José Nelson Santos Argibay (PP), alcalde de Porriño, declara un plan de pensiones en La Caixa por 209.000 y Alberto Valverde Pérez (PP), alcalde de Nigrán, incluye obligaciones subordinadas del Banco Popular por 2.100 euros. Mientras, Jesús Vázquez Almuiña (PP), de alcalde de Baiona, en su patrimonio inmobiliario recoge la mitad de un piso con un valor catastral de 66.405,31 euros, por títulos de herencia declara: el 45% de 108.871,04 euros, el 15% de 108.871,04 euros, un 15% de 56.053 euros, además el 15% de dos plazas de garaje con un valor catastral 5.600 euros, 15% de dos fincas por 90.000 euros y el 15% de una finca de monte por 28.000 euros.

En cuanto a los diputados socialistas, el portavoz del grupo provincial, Santos Héctor Rodríguez, concejal de Vigo, declara en su patrimonio el 50% de dos viviendas, una en Vigo por 29.078,87 euros y otra en Bueu por 5.227,78 euros. Francisco Andrés Veiga, concejal de Marín, tiene un Volvo XC60 valorado en 34.100 euros. Isaura Abelairas Rodríguez declara en propiedad la mitad de su vivienda habitual, con un valor catastral de 67.787,73 euros. Y es titular de dos cuentas bancarias, una en Novagalicia por 25.051,89 y otra con 6.500 euros. Mientras, José Cacabelos Rico, concejal de O Grove, es propietario de la mitad de una vivienda unifamiliar con un valor catastral de 48.611,50 euros. En cuanto a la declaración de Iolanda Veloso (BNG), concejala de Vigo, declara ser propietaria del 50% de un piso en Vigo sin detallar el valor, y del 50% de un vehículo de gama media sin especificar más. "Mi saldo en la cuenta bancaria es lo que me queda después de hacer los pagos de las facturas y de pagar las terapias de mi hijo, con una discapacidad reconocida del 34%, pero que no recibe ningún tipo de ayuda ni terapia por parte de los servicios públicos", justifica.