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Movimientos jornaleros

Jornaleros en tierra de nadie

Las últimas acciones del SAT ponen en evidencia contradicciones en la organización

Antiguos dirigentes piden relevos y acusan a la dirección de “sindicalismo espectáculo”

Jornaleros del SAT, durante la última ocupación de Las Turquillas. Ampliar foto
Jornaleros del SAT, durante la última ocupación de Las Turquillas.

Los jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT, que agrupa a la organización de obreros del campo SOC) reclaman una propiedad del Ejército y, una semana antes, marchan contra 20 familias de compañeros del sindicato que optan a la titularidad de las tierras que trabajan desde hace décadas en Sierra de Yeguas (Málaga). Critican las políticas de subvención (“las limosnas gubernamentales que los distintos gobiernos ofrecen a los jornaleros”, según la “página oficial” de Marinaleda, el pueblo del que es alcalde Juan Manuel Sánchez Gordillo) y sus cooperativas acumulan 941.273 euros en ayudas públicas. Claman justicia, pero se declaran insumisos judiciales. Firman reglamentos con limitación de cargos en número y tiempo mientras sus dirigentes acumulan lustros en sus puestos. Proclaman la participación, pero rechazan el modelo de dirección colegiada y carecen de un sector discrepante. Ocupan tierras mientras Izquierda Unida, la formación con la que se presentaron a las elecciones autonómicas, forma parte del Gobierno y negocia la creación de un banco de fincas públicas para cederlas en uso a los parados. Se declaran defensores de la libertad, incluida la de expresión y, sin embargo, sus responsables rechazaron de forma reiterada una entrevista con este periódico si no establecían ellos los asuntos a tratar.

Esta es una breve relación de las contradicciones a la que se enfrentan los integrantes del SAT, los herederos de uno de los sindicatos más importantes de la Transición andaluza, que consiguió llevar sus reivindicaciones a las universidades, los medios de comunicación y las instituciones internacionales de mayor prestigio. Ahora, según algunos ha muerto, según otros afronta su momento más crítico y según sus dirigentes “está más unido que nunca”.

El último acto que volvió a poner en cuestión la actuación del SAT fue la marcha contra las cooperativas de miembros del propio sindicato en la finca Las Peñuelas de Sierra de Yeguas, una movilización auspiciada por la dirección del sindicato contra las cooperativas gestadas con el histórico fundador del SOC fallecido, el sacerdote Diamantino García, y de las que forman parte jornaleros que discrepan de la dirección actual de la organización sindical.

Las tierras están dedicadas a cultivos ecológicos y sociales, en los que se prima la generación de empleo frente a la productividad. Sus 200 hectáreas proporcionan hasta 3.000 peonadas y un medio de vida estable para dos decenas de familias. El Gobierno ha ofrecido la titularidad de las tierras a las cooperativas de colonos dentro de un plan aprobado en 2010 y estos precisan la titularidad para acceder a mecanismos financieros habituales, como el crédito, o para avalar inversiones para las que ahora arriesgan sus viviendas. Sin embargo, sus compañeros se niegan a que la propiedad pase a manos de los trabajadores.

Manuel Lara Castejón, Juan Rodríguez, Joaquín Montero, Juan Carlos Ruiz, Antonio Gallardo, José Fernández, antiguos miembros del sindicato y críticos con la actual dirección, han unido sus voces y, con el apoyo de otros que fueran representantes de la organización, han denunciado “la degradación moral de los viejos dirigentes” para permitir “un hecho nunca visto hasta ahora: ver cómo algunos miembros del SAT, con el consentimiento de su secretario general, Diego Cañamero, marchan contra tierras de trabajadores y cooperativas de compañeros que pertenecieron y algunos aún pertenecen al SAT”.

“Llamar a la gente a que ocupen fincas de tus propias cooperativas es una esperpéntica exhibición. Una más, de tantas a las que nos tienen acostumbrados los trasnochados líderes sindicales”, afirman. También les acusan de “manejar” los hilos del SAT a su antojo. Estos jornaleros, algunos de los cuales son ahora concejales de gobierno, denuncian “la pérdida total de rumbo, el abandono de toda ideología, el sindicalismo espectáculo y las desmedidas ansias de protagonismo” de los dirigentes, a quienes reclaman que den paso a una nueva hornada de jóvenes.

Los actuales dirigentes del SAT desprecian estas opiniones y las consideran ajenas al sindicato, donde no existe un sector crítico. “Hoy por hoy, en el sindicato hay unanimidad total”, afirmó Cañamero durante la última ocupación de Las Turquillas, la finca del Ejército que reclaman en Sevilla, informa Antonio J. Mora.

En este aspecto coinciden ambas partes, aunque discrepan en las razones de esta anomalía. “Nuestra bandera es la libertad”, esgrime Esperanza Saavedra, miembro de la permanente del SAT. “Quien disiente se va o lo echan”, afirman los exsindicalistas, quienes también están de acuerdo en “dar por perdido el SOC”. De hecho, orgánicamente está prevista la práctica disolución real de la organización agraria en el actual SAT.

El histórico fundador del SOC, Paco Casero, lamenta que la organización que fundó con unos criterios muy claros genere ahora confusión con sus acciones. “Me da tristeza por el sacrificio de tanta gente. Es necesario que las ideas estén claras para conseguir influir”, afirma el exdirigente jornalero y actual presidente de la asociación Valor Ecológico.

Los jóvenes del sindicato no parecen dispuestos a abrir un camino alternativo. Óscar Reina, portavoz del área de juventud: “Defendemos la tierra y, para una causa como esta, hace falta mucha unión y fortaleza”.

Marinaleda ofrece aceite a Venezuela

En la frontera entre la década de los ochenta y los noventa, los jornaleros de Marinaleda (Sevilla, 2.786 habitantes) redoblaron sus campañas de protesta. La proximidad de la Expo 92 aportaba el escenario perfecto para captar la atención mediática. “Pensamos que allí estaba el talón de Aquiles”, se explica en la página oficial de Marinaleda, gobernada por el diputado de IU, dirigente jornalero y alcalde, Juan Manuel Sánchez Gordillo.

Finalmente, el Gobierno cedió 1.200 hectáreas de El Humoso, un latifundio que ha permitido la creación de ocho cooperativas y dar empleo a la población activa de Marinaleda. Con un olivar joven y sistemas de riego consiguieron poner en valor unas tierras que han sido el ejemplo de la capacidad de gestión del Sindicato de Obreros del Campo.

Estas cooperativas no han estado solas. La Administración las ha amparado desde el comienzo aportando medios y dinero. Hasta 941.273 euros entre todas; Tierra, Trabajo y Libertad ha sido la que más ha recibido (209.254 euros) y Los Jornaleros, la que menos (70.200 euros).

“Eso es sindicalismo a gastos pagados”, afirma uno de los exdirigentes del SOC críticos con la actual dirección.

Las cooperativas de miembros del SOC en Las Peñuelas, la finca de Sierra de Yeguas contra la que marcharon los actuales miembros del sindicato para protestar por su venta a los colonos que la han trabajado, no han recibido ayuda alguna, ni de la Administración ni de sus compañeros de organización. Sin embargo, aportan unas 3.000 peonadas anuales y ya necesitan más tierras para desarrollar su producción ecológica.

El Humoso, a pesar de haber sido el ejemplo de los jornaleros y de las ayudas recibidas, atraviesa ahora por un momento crítico. Tanto que han recurrido a un nuevo gerente que está intentando poner al día las empresas cooperativas. La primera dificultad la ha encontrado con la ausencia de una contabilidad normalizada.

Otro de los problemas es la necesidad de ingresos por la comercialización de productos. Para paliar esta circunstancia, se organizó este año una misión comercial a Venezuela para intentar vender aceite al Gobierno.

Los críticos hablan de deudas de agua, con la Seguridad Social y del impago del canon de arrendamiento, pero ningún dirigente de Marinaleda y del SAT quiso aportar información sobre esta situación.

Marinaleda también cuenta con industrias de transformación para la comercialización de productos agrícolas en las que afirman haber invertido 4,2 millones de euros.

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