Dos concejales imputados impulsan una moción de censura en Viladecavalls

Si las mociones de censura ya acostumbran a ser polémicas, la que se vivirá este jueves en Viladecavalls (Vallès Occidental) lo será por partida doble. Y es que entre sus impulsores se encuentran dos regidores imputados: se trata de Josep Faure, de CiU, y Francisco Vega, de la Plataforma Viladecavalls Actiu (PVA). Estos dos partidos, junto al PP y Ara-Reagrupament han impulsado una moción de censura en contra del actual Gobierno municipal, que encabeza ICV-EUIA.

La imputación de los dos regidores se inicia hace un año con una querella presentada por el Ayuntamiento, y admitida a trámite por un juzgado de Terrassa el año pasado, en contra de casi una decena de concejales, altos cargos y empresarios por un presunto delito de estafa. Los hechos denunciados tuvieron lugar entre los años 2007 y 2009, cuando el Consistorio estaba en manos de Sebastià Homs (CiU), que falleció en julio de 2009.

En su denuncia, el Ayuntamiento vallesano asegura que se “realizaron una cantidad ingente de encargos a empresas, al margen de cualquier procedimiento de contratación”. El equipo de Gobierno actual asegura que algunas contrataciones de obras se hicieron “verbalmente” y no consta expediente de ellas. Estas irregularidades afectarían, según la querella a ocho contratos que favorecen a cinco empresas. Algunas de estas obras se llevaron a cabo, en muchos casos por un valor superior al del mercado. Pero en otros casos no hay rastro de los trabajos realizados.

Los dos regidores

El Consistorio de Viladecavalls empezó a ahondar en las contrataciones de obras cuando empezó a recibir reclamaciones de empresas que pedían cobrar deudas pendientes, que en total ascendían a 1,2 millones de euros. El Ayuntamiento encargó una auditoría de todas las obras y asegura que detectó que el sobrecoste facturado ascendía a 781.000 euros. Durante el periodo investigado, Francisco Vega era concejal de Obras y Servicios como independiente. Vega se desmarca de los hechos que se le imputan y asegura que aunque ostentaba esta cartera, “la responsabilidad era compartida con el difunto alcalde”. “No hay ningún contrato firmado por mí ni ninguna prueba que me inculpa”, añade. Vega asegura que no tenía conocimiento de ninguna irregularidad, pero reconoce que sí empezó a tener sospechas de que algo pasaba. “Cuando empecé a hacer preguntas y pedir documentación, me echaron”, defiende el concejal, que fue destituido en febrero de 2009. Vega no cree que la querella actual prospere. “Ya hubo una denuncia previa y se archivó”, apunta.

La querella tiene una segunda parte, que afecta a Josep Faure. Las pesquisas se centran en su periodo como gerente de la empresa pública Viladecavalls Multigestió Pública. Concretamente, se investiga el presunto uso indebido de una tarjeta de crédito de esta empresa a nombre de Faure por un importe que se eleva a unos 15.000 euros. El concejal se muestra tranquilo por la denuncia y asegura que “todo se puede justificar”.

Mientras la senda judicial sigue su curso, el jueves estos dos imputados protagonizarán una moción de censura en el atomizado Ayuntamiento de este municipio de poco más de 7.000 habitantes. Ocho grupos configuran el pleno municipal, cuatro en el Gobierno (que suman un total de seis concejales) y otros cuatro en la oposición (siete regidores).

Los promotores justifican la moción en la debilidad del alcalde Carles Rodríguez. “No tiene legitimidad porque no fue la lista más votada”. CiU fue el que más votos obtuvo (tiene cuatro concejales), frente a dos de ICV. El representante del PP, Antonio Milan, que también apoya la moción, admitía ciertos temores de última hora. “Yo quiero votar a favor, pero me parece que mi partido no me apoya en esto”. Por su parte, el alcalde ecosocialista sospecha que detrás de la moción de censura no existen motivos políticos. “Si CiU consigue la alcaldía tememos que pueda retirar la denuncia”, alerta Rodríguez.