Señor notario, pare mi desahucio

“Como le comenté a don César, he desestimado las alegaciones. La subasta va a tener lugar”. Tanto el notario como los invitados hablan de usted en la reunión improvisada. Todos guardan las formas en el despacho de Leganés. Es una reunión in extremis para frenar la subasta del piso en el que viven Delfín y Julio César Mostacero, con la mujer de este último y sus dos hijos. Los dos hermanos, oriundos de Perú, aguardan como convidados de piedra a ambos lados de la mesa. Todos hablan menos ellos, que dejaron de pagar su hipoteca de 800 euros en diciembre pasado tras casi un año en paro como carpinteros.

Por primera vez, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid convoca a vecinos y activistas para frenar una subasta extrajudicial, el procedimiento para vender una vivienda antes del desahucio que se hacen ante notario en lugar de acudir al juez. En tres años, estos procedimientos se han quintuplicado hasta alcanzar 2.532 casos en 2012 en España, según las cifras del Consejo  General del Notariado. “Han aumentado por la saturación de los juzgados, es un proceso mucho más rápido, aunque sigue siendo poco habitual”, explica Concepción Barrio, secretaria del consejo. Apenas representan el 1% del total de las ejecuciones.

“Hasta ahora no habíamos podido denunciar ninguna porque los afectados llegaban ya con la casa subastada, pero vamos a ir a por ellas”, defiende Javier Rubio, abogado de la PAH de Madrid. Anuncian nuevas movilizaciones tras los polémicos escraches (protestas frente a la casa de los políticos) con los que intentaron sin éxito modificar la Ley de Medidas para la Protección a los Deudores, Reestructuración de la Deuda y Alquiler Social, que previsiblemente aprobará hoy el Senado.

Rubio asiste jurídicamente a los hermanos Mostacero, de 47 y 51 años, que “no han tenido tiempo” de conseguir un letrado del turno de oficio. La PAH, que ya se organiza por entidades bancarias, asegura que el antiguo Banesto (ahora integrado en el Banco Santander) es la entidad que más uso hace de la subasta extrajudicial. La hipoteca de los Mostacero es ahora del Santander, un banco que nunca ha aplicado este procedimiento, indica una portavoz, y que desde noviembre pasado ha paralizado todas las subastas que afectan a sus clientes por mandato de su presidente, Emilio Botín. El Banesto se integró en el grupo el 4 de mayo y la intención de la entidad es aplicar la misma política, según la citada portavoz.

Media docena de vecinos y dos activistas de la PAH se presentan en la puerta de la notaría con los afectados, que deben aún 260.000 euros, más de lo que les costó la casa debido a los intereses de demora. Llegan del juzgado, donde han solicitado un abogado del turno de oficio para los hermanos, alegando que las escrituras incluyen “cláusulas abusivas”, como “la posibilidad de resolución anticipada por impago de una única cuota”, según el escrito, que también recoge otra condición: la última cuota del préstamo asciende a 65.500 euros.

“En 2037 tendría que volver a hipotecarse otros 30 años. ¿Este señor cuando va a ser el dueño de su casa?”, se pregunta el abogado Rubio en la mesa de negociación ante dos hermanos que siguen sin abrir la boca y un notario que intenta ser comprensivo.

El Consejo General del Notariado emitió una nota en marzo, tras la sentencia del tribunal de la Unión Europea que otorga poder a los jueces para frenar desahucios por posibles cláusulas abusivas. “Nos gustaría tener más medios para poder controlar estas cláusulas, ahora solo podemos hacer una advertencia”, explica la secretaria del Consejo.

El organismo notificó a sus 3.000 colegiados que podían frenar ejecuciones extrajudiciales si el afectado presentaba una demanda por cláusulas abusivas o las medidas cautelares decretadas por un juez. Los hermanos Mostacero no tienen ninguno de esos documentos. “No les ha dado tiempo”, dice el abogado. “Pero si yo mismo les avisé en enero de que lo hicieran”, defiende el notario. Interviene el abogado y dos vecinos, que alegan que es difícil que las “personas sin recursos” cumplan los plazos. “No me está pidiendo que retuerza la ley, sino que me aparte de ella”, alega el titular del despacho. “Esta ley es muy mala”, le replica el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Leganés, Ángel Sánchez, que toma la palabra. “Por encima de lo que diga la ley, están las personas”. Sube la voz y amenaza con más protestas: “Si esta notaría de Leganés no toma la iniciativa, todas las notarías de Leganés tendrán que ser emplazadas públicamente”.

El notario mira al centro de la mesa. “¿Cuánto tardarían en traer la demanda?”, pregunta. Le piden que frene la subasta 48 horas. “Abrimos un territorio desconocido y no me gustan los territorios desconocidos”, accede a regañadientes. Prometen volver el jueves con el escrito judicial.