El caso de corrupción policial en Ronda se cierra con una multa de 1.600 euros

Otro macrocaso más desinflado. La causa por corrupción policial en la comisaría de Ronda que en febrero de 2007 convulsionó a la ciudad (35.000 habitantes) con la detención de siete agentes y un guardia civil acusados de hacer la vista gorda en prostíbulos donde se traficaba con droga y trabajaban mujeres sin permiso de residencia a cambio de recibir favores sexuales y pequeñas cantidades de dinero, se ha cerrado con una sentencia prácticamente simbólica. Toda la responsabilidad ha consistido en la imposición de una multa de casi 1.600 euros al ex inspector jefe de la comisaría rondeña Juan Antonio Rodríguez, por un delito continuado de cohecho por tomar copas y servicios sexuales gratis en los club. Los tres policías nacionales y el guardia civil que se sentaron en el banquillo de los acusados han quedado absueltos, según ha establecido la Audiencia de Málaga.

Los tres policías llegaron a estar ingresados en prisión mientras se instruía la causa judicial, que partió de una investigación de la brigada de Asuntos Internos, y que ya durante la celebración de la vista oral, que se prolongó 13 meses, quedó diluida como un azucarillo. Cuando comenzó el juicio, en octubre de 2011, la fiscalía solicitaba penas que sumaban 39 años de cárcel para los cinco agentes y los dos propietarios de los club de alterne. En sus conclusiones finales, en noviembre de 2012, cambió sustancialmente el relato de los hechos y levantó la acusación de proxenetismo contra los dueños de los locales; y redujo la petición para los policías y el guardia civil.

El ministerio público tuvo que admitir que no quedaba acreditado que los agentestuvieran “la certeza” de que en los tres locales se estuvieran cometiendo delitos de tráfico de drogas y explotación sexual, por lo que no podía sostener la acusación de haber omitido el deber de perseguir delitos. Tampoco pudo acreditar que existiera una corrupción generalizada en la comisaría de Ronda entre los años 2004 y 2005, aunque sí “comportamientos individuales de apariencia delictiva que están claramente reñidos con el código deontológico que vincula a todos los colectivos policiales”.

La Audiencia de Málaga considera en su sentencia que “las consideraciones ético-morales deben quedar en la esfera privada de la persona”, y que no es de su competencia “determinar si los acusados han faltado al código deontológico con las acciones u omisiones que hayan realizado, ya que esas supuestas infracciones quedan en el ámbito meramente administrativo/sancionador”.

Para el inspector jefe, al que inicialmente pedía una pena de 14 años de prisión y 22 de inhabilitación, acabó solicitando solo un año de cárcel porque también levantó la imputación más grave, un delito de abusos sexuales. El fiscal relató que el mando policial pidió mantener relaciones sexuales a una mujer cuidadora de ancianos que se encontraba en situación ilegal en España, y que esta accedió, por lo que únicamente cabía hablar de un abuso en el ejercicio de la función pública.

El motivo de la condena es el hecho de tomar consumiciones gratis en el prostíbulo “prevaliéndose de su cargo”. La sentencia emitida ayer no menciona si también mantuvo relaciones sexuales, únicamente que entraba y salía “a su antojo de las habitaciones que ocupaban las mujeres que allí ejercían la prostitución”.