Arranca el juicio por la trama de corrupción policial en Ronda

El juicio contra cuatro agentes del Cuerpo Nacional de Policía y un guardia civil de Ronda (Málaga) detenidos en febrero de 2007 por, supuestamente, hacer la vista gorda en clubes de alterne de la localidad a cambio de mantener relaciones sexuales gratis con las prostitutas arranca hoy en la Ciudad de la Justicia de Málaga.

Los agentes se enfrentan a una petición del fiscal conjunta de 39 años de prisión por los delitos de cohecho, omisión del deber de perseguir delitos, abusos sexuales en el ejercicio de la función pública, revelación de secretos, tráfico de influencias y favorecimiento de la prostitución.

El policía que afronta penas más graves es el ex inspector jefe Juan Antonio Rodríguez, al frente de la comisaría rondeña cuando ocurrieron los hechos, entre 2005 y 2007. Según el escrito de calificación de la fiscalía, este mando policial supuestamente tomaba copas y se acostaba con prostitutas a cambio de no actuar contra los delitos de proxenetismo y tráfico de drogas que se cometían en los clubes de alterne, situadas en las afueras de la localidad malagueña. También se le acusa de prometer a una de las chicas, de origen sudamericano, la paralización de su expediente de expulsión de España a cambio de favores sexuales.

La trama estaba encabezada supuestamente por los agentes de escala básica Antonio Ramírez y Diego Benítez. Según el fiscal, estos dos policías cobraban cada mes 600 euros a la encargada de uno de los clubes a cambio de no denunciar su estancia irregular en España. También amenazaban a los dueños de otros dos locales con montar controles de carretera que pudieran ahuyentar a la clientela.

En el juicio están citados además el guardia civil Rosendo Sánchez, acusado de extorsionar a la responsable de uno de los clubes, y Sergio Flores, que supuestamente se aprovechaba de su condición de pareja de la entonces titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ronda para obtener gratis copas y servicios sexuales. El banquillo de los acusados se completa con los dueños de los tres prostíbulos rondeños.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial suspendió en marzo de 2010 el juicio después de que la defensa del inspector jefe al mando de la comisaría rondeña cuando sucedieron los hechos, solicitara tener acceso al nombre y apellidos de los cerca de 20 testigos protegidos que están citados a declarar en el caso. Estas identidades ya habían sido reveladas a los abogados de los dos agentes de escala básica que supuestamente encabezaban la red corrupta.