Los policías de la trama de Ronda vendían 'papeles' falsos a 1.800 euros

Dinero, alcohol y sexo gratuito con prostitutas. El supuesto desenfreno de los siete policías investigados en la trama de corrupción destapada en Ronda en febrero tenía los días contados. Sus demostraciones de poder, como llevar a prostitutas a fiestas privadas en coches patrulla, acudir a los clubes de uniforme, o quedarse con parte de la droga intervenida en cacheos llamó demasiado la atención. Les salieron delatores y chantajistas reclamando dinero o simplemente que dejaran de molestarles.

El sumario del caso, sobre el que se acaba de levantar el secreto de todas las actuaciones, recoge que cobraban 1.800 euros a inmigrantes irregulares por tramitarles unos papeles de dudosa utilidad -sólo servían para hacer trámites en el Ayuntamiento- y extorsionaban a cuatro prostíbulos de la ciudad.

Según los investigadores cobraban por chica, más copas y relaciones sexuales gratuitas. A cambio proporcionaban un particular servicio de seguridad. Les dejaban trabajar y avisaban de redadas de extranjería o en busca de droga.

El juez José Óscar Roldan, titular del juzgado número 3 de Ronda, envió a prisión a Juan Antonio Rodríguez, responsable de la comisaría, al subinspector de extranjería Francisco Ramírez Gamarro y al policía raso Antonio Ramírez. En mayo mandó detener a Rosendo Sánchez, un guardia civil que llevaba cinco años destinado en la ciudad y que también acabó en la cárcel. Están imputados por más de una decena de delitos como prevaricación, cohecho, abuso de autoridad, abuso sexual, extorsión, estafa, falsedad documental, delitos relativos a la prostitución y favorecimiento a la inmigración irregular.

Asuntos Internos comenzó a estudiar esta polémica comisaría de apenas 40 agentes hace justo un año. Las actuaciones se hicieron con el máximo sigilo ya que en 2005 se había intentado investigar a parte de imputados sin éxito.

En esta ocasión, comenzaron recopilando una serie de actuaciones sospechosas atribuidas al jefe de la comisaría y el subinspector de extranjería. Llegó a sus oídos que el subinspector cobraba a las prostitutas de los clubes Malibú, Toca Toca, La Merced y Los Nogales "por darles una cierta seguridad en el trabajo" y que en caso de posible delación, amenazaban con pagar 300 euros a unos matones "para quitárselas de en medio".

Según el sumario judicial, el subinspector también se lucraba con la legalización de otros extranjeros ajenos a la prostitución y mantenía contacto con otros funcionarios policiales jubilados o expedientados por falsificación de documentación y con la colaboración de un funcionario policial.El subinspector alquiló una casa de campo a Lorenzo Checa, el propietario del club de alterne La Merced y también imputado. En ella vivían varias inmigrantes irregulares y los investigadores sospechan que Checa la utilizaba para esconder droga con la que después trapicheaba. Durante su registro encontraron 62 gramos de cocaína de gran pureza (valorada en unos 9.000 euros) y un revólver simulado. La acusación contra el dueño del prostíbulo se desgajó la semana pasada del procedimiento.

El jefe de la plantilla se mostraba cauto en sus conversaciones telefónicas, pero no en sus apariciones en los clubes de alterne de la ciudad. Al mismo tiempo que presumía de tener "un teléfono blanco" (cuyo número nadie conoce y con el que puede hablar sin temor a pinchazos) acudía a los prostíbulos en compañía de Sergio Flores, el único encarcelado por la causa que no es policía, y abusaba de su condición de comisario para no pagar los servicios.

Los investigadores supieron que una mujer latinoamericana pedía dinero al comisario en funciones "por alguna conversación telefónica o fotografía comprometedora" y que una persona acomodada de la ciudad le estaba prestando varias sumas. En una de las conversaciones intervenidas un policía aseguró que el jefe de la comisaría tramitó los papeles y le buscó un empleo a una mujer de origen paraguayo a la que cobró 5.000 euros, además de obligarla a mantener relaciones sexuales.

La dueña de un bar cercano a la comisaría de policía, harta de abusos como que se llevara el dinero de su caja registradora o que le tomara prestado el coche de su difunto esposo y se lo devolvieran sin sus pertenencias, le dijo a uno de sus agentes que llamaría al comisario provincial si seguía comportándose así.

Según la investigación, los dos agentes de escala básica con mayor imputación disfrutaban de fiestas gratuitas en compañía de otros dos compañeros organizadas por el propietario del club malagueño Toca Toca. Uno de los 20 testigos protegidos de la causa mantiene que Antonio cogía parte de los estupefacientes intervenía para venderla y que avisaba de los cacheos y controles contra el tráfico de droga.