La expresidenta de las Cortes Valencianas asume la táctica de los cabecillas de Gürtel
Milagrosa Martínez se adhiere a los recursos de Correa, Crespo y Pérez El objetivo es anular el procedimiento por las escuchas que Garzón ordenó en la cárcel
Milagrosa Martínez, exconsejera de Turismo, expresidenta de las Cortes Valencianas, diputada autonómica y alcaldesa de Novelda con el PP ha asumido plenamente los argumentos de defensa de los cabecillas de la trama Gürtel para intentar evitar sentarse en el banquillo acusada de cohecho y prevaricación en las millonarias adjudicaciones que efectuó a la red corrupta. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido para ella 11 años de cárcel y 34 de inhabilitación.
Martínez, a quien los miembros de la trama se referían como La Perla, se ha adherido a los recursos de apelación de Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes. El objetivo: lograr la anulación de al menos parte del procedimiento alegando la violación de derechos fundamentales de los cabecillas de Gürtel, concretada en la intervención de sus comunicaciones en la cárcel, los hechos por los que fue condenado el magistrado Baltasar Garzón. Ello, argumentan, habría “contaminado” el resto de la causa.
"Se habían vulnerado en la causa 'madre' derechos fundamentales como el derecho de defensa, derecho a no declarar contra sí mismo, derecho a un proceso público con todas las garantías, derecho a la intimidad, que pueden afectar, por su conexión de antijuricidad, al resto de la prueba investigada y que es la que ha dado origen a este procedimiento", señala uno de los fragmentos de los recursos de Correa y Crespo que Martínez reproduce de forma literal en el suyo.
Martínez está imputada, a la espera de que se dicte la apertura de juicio, en la pieza separada del caso Gürtel que investiga la adjudicación del diseño y montaje del pabellón valenciano en la feria turística Fitur entre 2005 y 2009, a razón de casi un millón de euros al año. La cantidad de irregularidades en la tramitación y los documentos coincidentes hallados tanto en sedes de las empresas de la trama como de la Administración autonómica llevaron a la Intervención General del Estado a concluir que fue la propia trama Gürtel la que redactó las bases del concurso público.
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