Una gran mayoría rechaza el proceso privatizador en la sanidad madrileña

La marea blanca que desde hace meses trata de evitar la privatización de la gestión de seis hospitales públicos madrileños y de una cifra aún indeterminada de centros de salud ha calado en la opinión pública de la región. Según la segunda parte del sondeo elaborado por Metroscopia para EL PAÍS sobre el clima político y social de la Comunidad de Madrid, una amplia mayoría de los encuestados (un 71%) cuestiona que la externalización, término que emplea el Gobierno regional para combatir las críticas al modelo, sea la mejor opción para resolver la mala situación económica de los servicios públicos. Un 70% sostiene además que poner en manos privadas la gestión económica de la sanidad pone en peligro su supervivencia al entender que prevalecería el negocio sobre la prestación de la asistencia.

La segmentación por afinidades políticas revela que los votantes de partidos de izquierdas censuran abrumadoramente el sistema que el Gobierno autonómico considera esencial para preservar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Aunque con un nivel de desaprobación algo menor, los afines a UPyD también se declaran contrarios. Entre los fieles al PP prevalece en cambio el respaldo a la gestión privatizada, aunque este no es tan contundente como el rechazo del otro extremo del arco ideológico. Frente al 50% que no ve amenazada la supervivencia de la sanidad pública, un 42% de los encuestados que declaran haber votado al partido que gobierna Madrid sí cuestiona la viabilidad del planteamiento privatizador.

La percepción que revela el sondeo sobre el futuro de la sanidad en la región se enmarca en una valoración general muy pesimista sobre la calidad de todos los servicios que presta la Comunidad de Madrid a sus habitantes. Casi dos tercios de los encuestados, un 64%, considera que ahora es peor que hace unos años. Cuando se pregunta por las causas de dicho deterioro, la mayoría, un 86%, apunta a los efectos de la crisis económica aunque un porcentaje similar (el 84%), responsabiliza al Gobierno autonómico. Esta atribución de culpas es mayoritaria incluso entre los votantes del PP, que castigan en una medida similar (67% frente a 64%) al Gobierno de la nación.

El euro por receta, cuya aplicación se encuentra suspendida tanto en Madrid como en Cataluña a la espera de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, recibe un rechazo mayoritario entre los encuestados (61% frente al 36%) en una proporción similar a la de quienes ven posibles perjuicios en la salud de los madrileños si finalmente vuelve a cobrarse la tasa.

La delicada situación financiera de Telemadrid, que acaba de ejecutar un ERE sobre 829 de sus 1.161 trabajadores que la Justicia ha considerado improcedente, es otro de los asuntos sobre los que el sondeo de Metroscopia ha indagado. La mayoría rechaza por un 64% el cierre de la cadena pública pero aún son más (un 70%) quienes se oponen a que la Comunidad aumente el caudal de fondos públicos destinados a su sostenimiento. Se trata pues de que la televisión pública se mantenga en antena pero a costa de una reducción drástica de sus costes (el 45% se decanta por este escenario frente a un 44%).

La posibilidad de la venta, una de las que contempla el Gobierno de Ignacio González pese a la dificultad admitida por el propio presidente para encontrar un comprador, tampoco es compartida por la mayoría de los encuestados. Un 50% rechaza esta posibilidad frente a un 37% dispuesto a ello. El análisis de las opciones políticas de los encuestados en esta materia revela que son los que se declaran votantes de PP y UPyD quienes abogan mayoritariamente (un 50 y un 49% respectivamente) por la venta del ente. Lo llamativo en el caso de los afines a los partidos de izquierda es que se alinean con el sector más conservador en el rechazo al incremento de los fondos públicos para sostener las actividades de la cadena autonómica.

El tercer gran asunto incluido en el cuestionario es el polémico proyecto para levantar un macrocomplejo de ocio y juego en Alcorcón (170.000 habitantes) conocido como Eurovegas. En este caso, la opinión pública está mucho más dividida sobre los posibles efectos beneficiosos en la economía de la región, el principal argumento que el partido en el Gobierno ha sostenido para prestar todo su apoyo institucional.

La opinión pública está muy dividida en este aspecto: un 50% se declara a favor de que Madrid acoja Eurovegas frente a un 43% que lo rechaza. A la hora de ponderar los pros y los contras de un proyecto de este calibre (Sheldon Adelson, su promotor, ha anunciado que levantará cuatro hoteles y dos casinos en una primera fase que concluiría en 2017) parece pesar la percepción de que tanto la construcción como el mantenimiento del complejo puede ayudar a reducir la cifra de parados de la región, situada actualmente en 700.000 personas.

También en este caso, la carga ideológica de los consultados decanta el grado de afinidad con el proyecto. Mientras que los votantes de PSM e IU (especialmente estos últimos) lo rechazan mayoritariamente, PP y UPyD, los primeros con abrumadora mayoría, abogan por la lectura optimista. Y eso que la formación magenta ha manifestado siempre su firme oposición a los planes de Las Vegas Sands.