Pacientes operados en la privada por larga espera tendrán que pagar

El Gobierno gallego remitió ayer al Parlamento para su debate y aprobación su proyecto de ley de garantías sanitarias, que fijará para determinadas dolencias aún no especificadas una espera máxima de 60 días para operarse y de 45 días para una consulta. Sin embargo, el paciente que supere esos plazos y quiera ser tratado en un centro privado, como permite la norma, deberá adelantar de su bolsillo el importe y la Xunta se lo compensará después, pero no por todo lo gastado sino “de acuerdo con las tarifas que para cada proceso se señalen”.

El Consello Económico e Social (CES) reclamó hace un mes en su valoración sobre esta ley que en esos casos el usuario “debería ser resarcido cuando menos con la totalidad del desembolso que hubiera realizado y no conforme a unas tarifas cuyo contenido se desconoce a priori”, pero el Gobierno gallego ha obviado esa petición. El CES también reclamaba “criterios que garanticen que aquellos pacientes con menos recursos puedan tener el derecho efectivo de acudir a un centro privado” y, a través de un voto particular de los sindicatos, que se concretase la financiación con la que se va a garantizar el cumplimiento de la ley. Ayer el presidente Feijóo eludió ofrecer ningún dato económico sobre la nueva norma.

El titular de la Xunta optó por destacar que la ley permitirá que los pacientes sean atendidos según su gravedad, con criterios que establecerán las sociedades médicas, y no según los intereses que pudiese tener cada hospital para reducir su lista de espera con operaciones de menor relevancia. Preguntado al respecto, eludió valorar los criterios seguidos hasta ahora para priorizar la atención sanitaria. También destacó que además de ese “nuevo derecho”, los pacientes también verán garantizados los de poder solicitar una segunda opinión médica, expresar sus instrucciones previas a un tratamiento y elegir libremente no solo médico de familia sino también hospital, enfermero y pediatra. Feijóo sentenció que esta ley hace “imposible” privatizar la sanidad pública.