Un juzgado amenaza con multar al alcalde de Oia si no tira un hotel de lujo

El auto no es firme y la empresa asegura que lo ha recurrido.

Hotral Talaso Atlántico
Hotral Talaso AtlánticoLALO R. VILLAR

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra ha concluido que cuatro años son más que suficientes para ejecutar una sentencia firme de derribo y en un auto manda al Ayuntamiento de Oia que eche abajo de una vez el hotel Talaso Atlántico, construido con licencia nula y profusión de fondos públicos en suelo rústico en la zona de Mougás, junto a la costa. La jueza da de plazo al Ayuntamiento hasta final de año y avisa específicamente al alcalde, Alejandro Rodríguez, de que si no se pone a trabajar le impondrá multas sucesivas de 1.500 euros o más. El auto no es firme y la empresa asegura que lo ha recurrido.

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“Se requiere a la Alcaldía de Oia para que en el plazo máximo de un año desde la fecha de notificación de este auto complete, o asegure que se completa, el derribo de las obras con apercibimiento personal a su alcalde de que, en caso contrario, a partir del 30 de diciembre de 2013 este juzgado comenzará a imponerle multas coercitivas de 1.500 euros o en cuantía superior hasta que complete las obras de ejecución de la demolición”, termina la resolución, con fecha de diciembre, que echa por tierra los pretextos tanto del Gobierno municipal como de la empresa para evitar el derribo. El aviso al alcalde aparece subrayado.

Entre las excusas que esgrimía la empresa figuraba la ley de vivienda que la Xunta aprobó el año pasado. Entre los artículos más polémicos de aquel texto sobresale una disposición adicional que suspendió el derribo de los edificios construidos con licencias declaradas nulas hasta entonces; antes de tirar el edificio debe ahora determinarse si el dueño tiene derecho a una indemnización en un procedimiento aparte. Pero como la norma solo se refiere a viviendas, el Talaso no se puede beneficiar de esa excepción, según razona la jueza: “Solo resulta aplicable a los ‘titulares de viviendas’. Y difícilmente se puede calificar como tal el complejo balneario a derribar en este caso”.

Subvenciones a granel

La última ayuda de la Xunta de la que se tiene constancia la recibió el Talaso el año pasado. Fueron 12.112 euros para “incrementar la capacidad innovadora de las pymes”. Una cantidad inferior a los aproximadamente 4,5 millones de euros que recibió durante su construcción.

A los 3,8 millones que sumaron sendas contribuciones del Igape y de la Consellería de Cultura y Turismo se le añadieron otros 740.000 euros como compensación por los perjuicios derivados del hundimiento del Prestige. La empresa temía grandes pérdidas por el posible descenso del número de turistas recelosos del chapapote.

Aunque la sentencia firme de derribo data de 2009, la Administración remolonea y la empresa pleitea con ahínco bajo la dirección de Urbagalex, un bufete especializado en derecho urbanístico propiedad de la firma Martínez Barros & Narbón Abogados. Son apoderados Ricardo Martínez Barros y José Luis Narbón: el primero defendió en los ochenta a contrabandistas como Marcial Dorado. El segundo asesoró a la Consellería de Medio Ambiente de Agustín Hernández en una ley.

El auto desecha los otros argumentos de la empresa con bastante sencillez. Primero dice que la sentencia firme de 2009, aunque no mande expresamente al Ayuntamiento tirar el edificio “en modo alguno impide que se ejecute” y que no hace falta que ningún otro procedimiento lo precise. Admite que una obra hecha con una licencia que después se anula suele dar pie a que se reclame una indemnización a la administración, pero que esto no puede condicionar que la demolición se lleve a cabo. “Para que puede hablarse de daño real y efectivo evaluable económicamente debe haber tenido lugar el derribo”. El Ayuntamiento advertía en el pleito que no tiene dinero para hacer frente al pago de la indemnización, llegado el caso. El juzgado dice que no cabe hablar sobre futuros hipotéticos. “La indemnización en cuestión no se ha fijado y tampoco ha existido, por el momento, una declaración de responsabilidad patrimonial a cargo del Concello de Oia por su concesión de una licencia finalmente anulada”.

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La jueza alega que solo si quedase acreditado que las obras se pueden legalizar cabría detener el derribo, algo que según el informe pericial solo sería posible tras varios trámites, con permiso expreso de la Xunta y con derribos parciales que incluirían en todo caso “la zona residencial del complejo”, por lo que en esas condiciones solo queda “sin dudas, el derribo de las obras”. El auto, que no es firme, daba un plazo de 15 días para ser recurrido ante el Tribunal Superior de Xustiza, algo que la empresa ha hecho, según asegura un portavoz. Los problemas legales del Talaso Atlántico no se limitan a la ilegalidad de su construcción. El permiso del Gobierno central también está en el alero, según acreditó el pasado febrero la jefa de Costas de Pontevedra, que alertó entonces de que el edificio corría peligro de que se declarase caducada la concesión con la que opera. A ello hay que sumarle la investigación por sus vertidos, que según una denuncia de 2011 superan con mucho los niveles legales de toxicidad.

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