El exalcalde de Alicante se declara inocente en su segunda causa judicial

A Luis Díaz Alperi, alcalde de Alicante entre 1995 y 2008 y diputado autonómico del PP, se le acumulan las causas en el Tribunal Superior de Justicia valenciano. El exregidor, que hasta ahora se ha negado a declarar en el caso Brugal, en el que está imputado por cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada relacionados con la elaboración del plan general urbano de Alicante, volvió a sentarse este lunes ante el juez, esta vez el magistrado Antonio Ferrer, acusado de cinco delitos más.

Tres son delitos fiscales: según la fiscalía y la Agencia Tributaria el exalcalde ocultó a Hacienda ingresos por importe de dos millones de euros y dejó de tributar 700.000 euros a los que venía obligado entre 2007 y 2010. Por el camino habría cometido al menos un delito de falsedad documental. El juez le imputa, además, un supuesto delito de cohecho pasivo impropio (el tipo delictivo del que fue absuelto el expresidente valenciano Francisco Camps, consistente en aceptar dádivas) por haber dejado presuntamente que terceras personas pagasen el amarre en el que tenía su barco de 15,4 metros de eslora.

Alperi negó ante el juez haber cometido los delitos, y a su salida del tribunal afirmó que “evidentemente” era inocente.

El nuevo frente judicial del diputado surgió a raíz de una inspección de la Agencia Tributaria. El diputado habría cometidos los delitos fiscales en 2007, 2008 y 2010 y ninguno de ellos ha prescrito, según fuentes jurídicas. El motivo es que a pesar de que el plazo de prescripción del delito fiscal es de cinco años, el tiempo no empieza a contar hasta el momento en que concluye el plazo para presentar la declaración. En el delito fiscal de 2007, el plazo para presentar la declaración era el 1 de julio de 2008, y por tanto a Alperi solo se le habría aplicado la prescripción a partir de este verano.

Alperi está acusado de haberse beneficiado en 2007 del pago por terceros de una deuda con Hacienda que ascendía a cerca de un millón de euros. Y, entre 2008 y 2010, de haberse lucrado igualmente con la compra de un catamarán de 15,4 metros de eslora, por 852.945 euros y bautizado como Akra Uno, que pagó en su mayor parte otra persona. Para ocultar los hechos, se habría utilizado una sociedad instrumental. “Se trataba de aparentar que la propiedad del barco era compartida por Luis Díaz Alperi y Antonio Solana a través de la sociedad Andarx Business S. L.”.

La sociedad había sido comprada en 2005 por Solana. No tenía actividad cuando adquirió el barco en 2008 ni la tuvo después. Su único activo era el mencionado barco y la sede social de la empresa estaba en Madrid. Coincidiendo con la compra del barco, Solana vendió el 50% de la sociedad a Alperi por su valor nominal. Un importe “hasta ahora ignorado”, señala el fiscal.

Dos años más tarde, en febrero de 2010, Alperi se convirtió en el único propietario del barco al adquirir a Solana el 50% restante de la sociedad. Si bien la fiscalía considera que desde el primer momento el exalcalde gozó del uso y disfrute “exclusivo” de la lujosa embarcación, pese a que la mayor parte del dinero lo puso su socio. Dos meses más tarde, sin embargo, Alperi volvió a vender el 50% de Andarx Business a Solana.

El ministerio público considera que, igual que ocurrió con el pago de la deuda tributaria en 2007, el delito trató de ocultarse bajo múltiples transacciones simuladas. Resulta “ampliamente significativo el entretenimiento contractual al que se dedican los señores Alperi y Solana. Entretenimiento que consiste en que en menos de dos meses pasan a ser socios y propietarios del catamarán al 50% a dejar de serlo. Y en ese mismo tiempo regresan a la sociedad recuperando el interés náutico el señor Solana, que al parecer había perdido, y conservándolo siempre el señor Alperi, que nunca se desvinculó del catamarán”, indica el fiscal.

Hacienda acusa finalmente a Alperi de haber utilizado la sociedad Andarx Business en 2010 para “facturar ingresos de su actividad profesional privada, servicios realizados personalmente por el denunciado y que debería declararse como ingresos de actividad económica a efectos del IRPF, ya que la sociedad carece de estructura y medios para efectuar los servicios facturados”.