Fitch respalda que Madrid 2020 no precisará de fuertes inversiones

La agencia de calificación Fitch mantiene el nivel de riesgo financiero de Madrid al mismo nivel que el del resto del país (BBB con perspectiva negativa), y resalta en la nota hecha pública hoy que prevé que, a medio plazo, la ciudad mejore su situación al tiempo que su elevada deuda comience a reducirse. Fitch respalda “en líneas generales” el plan de ajuste aprobado por la alcaldesa, Ana Botella (Partido Popular), aunque se muestra “más conservadora” que el Ayuntamiento en sus previsiones. La Comunidad de Madrid tiene el mismo nivel de riesgo, BBB con perspectiva negativa.

Hace una semana, la agencia estadounidense señalaba el riesgo de que una “larga y profunda” recesión debilite los objetivos de déficit del país, y “erosione” la calidad de sus activos financieros. Consideraba Fitch que las reformas estructurales acometidas por el Gobierno (Partido Popular) ayudarán a recuperar la senda del crecimiento a medio o largo plazo, aunque alertaba de que sólo en 2017 podrían recuperarse las tasas de 2007, previas a la crisis.

En su informe sobre la capital, destaca su “estabilidad económica” y su “creciente base impositiva y flexibilidad fiscal”. La ciudad “está menos expuesta” que otras porque es sede de las principales empresas e instituciones políticas. Además, su población ha crecido un 13% entre 2000 y 2010, “a pesar del alto coste de vida”. “Es probable que el proceso de reestructuración de bancos y cajas de ahorro consolide la posición de Madrid en el mercado financiero europeo”, añade.

En el lado negativo, pesa el fuerte endeudamiento y la falta de ahorro bruto. Se hace referencia en ese sentido a la organización de los Juegos Olímpicos de 2020, que en caso de recaer sobre la capital “no tendría por qué trasladarse en fuertes inversiones municipales”. Fitch advierte además de que, cualquier traspiés a nivel nacional, repercutirá sobre la solidez financiera de la capital. Y recuerda que el Ayuntamiento estará sometido al menos hasta 2015 a la “presión” de tener que amortizar más de 700 millones de euros al año de deuda, lo que supone que uno de cada cuatro euros de su presupuesto acabe en los bancos.