El Gobierno local considera “de chiste” que se le pregunte por los regalos

A la concejala de Urbanismo y portavoz del Gobierno socialista de Ourense, Áurea Soto, le parece “de chiste” que se le pregunte por los supuestos regalos enviados por un empresario al exalcalde, Francisco Rodríguez y a la teniente de alcalde y edil de Bienestar Social, Marga Martín. “No sé qué quiere qué conteste, francamente me parece de chiste” aseveró, reduciendo los regalos a “un lápiz” o “un café”. Posteriormente explicó que “si no hay pruebas es mentira”, por lo que encomendó al empresario José Troncoso a “probar” las “tonterías” explicadas al juez instructor que investiga irregularidades en la gestión del servicio de ayuda a domicilio. Troncoso era uno de los dos empresarios que formaba parte de la UTE que gestionó el servicio entre 2007 y 2011. Ayer aseguró ante el juez instructor que su exsocio y actual adjudicatario de la concesión valorada hasta en 16,8 millones, Alberto López, envió “algún regalo” a estos miembros del Gobierno ourensano. El propio López ha emitido un comunicado en que hace pública su intención de denunciar a su exsocio según él, por mentir ante el juez. "Como imputado puede mentir, pero no a costa de mi honra, imagen y trayectoria profesional", apunta.

La edil se ha encarado con EL PAÍS una vez más cuando ha sido interpelada por cuestiones que afectan al Gobierno local y que se dirimen en sede judicial. Así, le ha extrañado que este diario “diga lo que dice cualquiera” y ha asegurado que “entiende que le parezca entretenido para comentarlo en lo que usted escribe, pero a mí no me sirve para nada”. Por su parte el actual regidor, Agustín Fernández, ha estado más comedido que su concejala y ha enmarcado las afirmaciones del empresario en "una guerra fratricida entre dos socios que se quieren aniquilar". Fernández ha aseverado que no hay irregularidades por parte de concejales o funcionarios, insistiendo en que “se hace corresponsable" de la gestión. Por su parte, el PP ha reclamado una "explicación inmediata", recordando que "las supuestas facturas irregulares y la contabilidad especial nada tienen que ver con luchas entre empresarios".

La instrucción judicial ya ha apuntalado presuntos delitos de falsedad documental, trato de favor y prevaricación. Además ha sido abierta una nueva línea de investigación sobre una posible malversación de caudales públicos. La investigación ha destapado facturas y documentos falsificados, desfases contables de cientos de miles de euros en las facturas pagadas con fondos públicos, presiones de la edil de Bienestar a la Tesorería o correos electrónicos citando reuniones con el fin de establecer una estrategia para consumir el presupuesto municipal destinado a la ayuda de dependientes que no había sido utilizado.

La gestión del servicio de ayuda a domicilio no es el único caso que investiga la justicia en el Gobierno ourensano. Aurea Soto está imputada por un presunto delito de prevaricación tras legalizar una urbanización con sentencia de derribo. Soto explicó hoy que "no cede a chantajes" del partido Democracia Ourensana tras prestar declaración en el juzgado, acusando a esta formación política de la oposición de "trabajar conjuntamente con un promotor” que intenta chantajearles y de ser “una prolongación de lo peor del PP”. La edil, que ayer no quiso hace declaraciones tras su declaración judicial, espetó a una periodista de RNE “no me acose” cuando fue interpelada por los medios de comunicación presentes.