Marbella aprueba modificar el PGOU para regularizar el chalé de Banderas
El actor tendrá que ceder una zona verde en el frente litoral de 1.243 metros cuadrados
![Comienzo de los trabajos de demolición del chalé de Banderas en Marbella.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/Q2UQ6WXM5MZ6XD7OR6AYABZMOQ.jpg?auth=2492eabdabae8354e9c0b6e472923f1a1b70c46632f8418b677469a319abb75e&width=414)
El larguísimo proceso jurídico para que Antonio Banderas pueda legalizar su casa de Marbella toca a su fin. El Ayuntamiento de Marbella aprobó ayer la modificación de elemento al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitirá que la casa Las Gaviotas, en la playa de Los Monteros, quede regularizada, una vez que el actor ha cedido 1.243 metros cuadrados del jardín en concepto de compensación, y que serán ocupados por el paseo marítimo peatonal en construcción en la zona.
En principio, el PGOU contemplaba que la parte a ceder por el actor fuera la franja más al sur de la parcela, lo que obligaría a eliminar la piscina, pero finalmente se pactó que la zona cedida fuera ensanchada hacia el lado occidental del jardín, colindante con un arroyo, por lo que tendrá forma triangular. Curiosamente, la aprobación formal de la modificación se produce dos meses después de que Banderas ejecutara la demolición del muro anterior, e iniciara las obras de construcción del nuevo que achica el jardín. Las obras se iniciaron a mediados de febrero, pocos días antes de que fuera distinguido como Hijo Predilecto de Andalucía por el Gobierno autonómico.
La casa de La Gaviota se construyó con una licencia concedida por el fallecido alcalde Jesús Gil contraria al planeamiento, pues invadía zona reservada como equipamiento público. La vivienda fue adquirida por la presentadora Encarna Sánchez, y Banderas la compró en 1997 a los herederos de la periodista. En 2003 la comunidad de vecinos de Los Monteros denunció la ocupación indebida de la construcción, que hace tres años fue declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El planeamiento urbanístico de Marbella aprobado en 2010 contempla la posibilidad de regularización de más de 16.000 viviendas ilegales que los gobiernos municipales del GIL autorizaron, mediante un sistema de compensaciones.
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