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Médicos del Mundo y Cáritas critican la nueva ordenanza de prostitución

“No ayuda a las mujeres”, según las entidades que asisten al colectivo en Valencia

Cáritas y Médicos del Mundo son dos de las entidades más experimentadas en la atención a las mujeres que se dedican a la prostitución callejera en Valencia. Ambas llevan años ayudando a este colectivo y coinciden en que la ordenanza de prostitución que está previsto que apruebe el pleno municipal mañana —con el apoyo del PP y el PSPV— no ayudará a las mujeres. Las dos organizaciones destacan que ni se aborda la cuestión desde una vertiente social que incorpore planes de ayuda y alternativas a la situación que atraviesan, ni se las protege, sino que se criminaliza el comportamiento de este colectivo, a pesar de que formalmente no se las pueda sancionar.

“No es una ordenanza acertada para nada”, explica Vicen Sanz, responsable del proyecto Jere-Jere de Cáritas Diocesana de Valencia de atención a mujeres que se prostituyen. “No las ayuda”, añade. Y no lo hace por varios motivos. La ordenanza se dirige de forma específicamente a atacar la prostitución callejera. Pero la calle “es la punta del iceberg del problema, si se quiere abordar la cuestión, se debería afrontar todos los ámbitos donde se desarrolla”.

La norma —que aún debe ser ratificada por el pleno— prohíbe el ofrecimiento, solicitud y aceptación de servicios sexuales retribuidos. Excluye de las sanciones a las prostitutas cuando quienes ofrecen los servicios son en la aplastante mayoría de los casos las propias prostitutas, lo que supone una clara contradicción. También genera dudas sobre cómo se recriminará a las mujeres sin llegar a la sanción.

Por ello, la responsable del programa Jere-Jere, un proyecto que lleva 13 años en activo y que se dedica al acompañamiento y a la búsqueda de alternativas para estas mujeres, considera que el enfoque de la norma no es el adecuado. “Estas chicas no son delincuentes y se les quiere tratar como tales”, explica. “En lugar de este planteamiento, se debería incluir medidas dirigidas a normalizar la vida de estas personas y abrir vías de empleabilidad válidas para ellas”. Estas cuestiones, “solo salen entre líneas en la norma”, añade.

“No es una norma acertada”, según la entidad católica

En ello incide Rafael Sotoca, de Médicos del Mundo, una ONG que presta programas de acompañamiento y reducción de daños —relacionados con enfermedades de transmisión sexual y la salud, en general, de las mujeres—.

“Es razonable que el Ayuntamiento elabore una norma de este tipo y que afronte el problema”, comenta Sotoca, “pero no hay que perder el enfoque de que la mujer es una víctima”. “No estamos hablando de prostitución de alto nivel, sino de mujeres que no pueden hacer otra cosa por motivos culturales, económicos, legales o laborales: no tienen posibilidad de elección”.

Desde esta perspectiva “criminalizar el comportamiento de este grupo de mujeres no supone ningún tipo de ayuda, sino todo lo contrario”, apunta. “No se avanza en medidas que reduzcan el riesgo tanto el sanitario, como de caer en la exclusión, o de ser agredidas”. Y añade: “No se resuelve la situación de las víctimas; ni se piensa en ellas, ni se afrontan sus problemas”.

El grupo Compromís en el Ayuntamiento de Valencia anunció ayer que presentará un plan municipal de fomento de la convivencia en los barrios donde se practica la prostitución, ya que considera que la solución a este problema pasa por el “diálogo” y no por las multas. Esta propuesta contempla sentar a los representantes de los vecinos, comerciantes, grupos políticos municipales, la Concejalía de Bienestar Social, ONG y las personas que se dedican a la prostitución para estudiar juntos la cuestión.

“No se resuelve la situación de las víctimas”, considera Médicos del Mundo

El grupo socialista municipal, que apoya la ordenanza, defenderá el viernes que se incorpore un plan social para la reinserción laboral de las mujeres. Los socialistas intentaron incorporar este plan a la ordenanza, pero el PP no quiso mezclarlo. El grupo de EU de Valencia también rechaza el texto por el mismo motivo: criminaliza a las mujeres y exige un plan de apoyo a las víctimas.

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