Un empresario destapa ante el juez regalos al gobierno de Ourense

La investigación de irregularidades en la gestión del servicio de ayuda a domicilio de Ourense ha destapado supuestos regalos al exalcalde socialista Francisco Rodríguez y a Marga Martín, teniente de alcalde y concejala de Bienestar Social. José Troncoso, uno de los empresarios que formaba parte de la UTE que gestionó el servicio entre 2007 y 2011, declaró ayer ante el juez que su exsocio y actual concesionario, Alberto López, envió “algún regalo” a estos miembros del Gobierno. Incluso destapó llamadas de la secretaria personal y sobrina del exregidor, Natalia González, para agradecer los obsequios y manifestó haber visto facturas de empresas que sirven cestas navideñas.

Los investigadores tienen documentación que apunta a delitos como falsedad documental, trato de favor y prevaricación. Una unidad especializada de la policía ultima el conteo de los desfases contables acumulados en la facturación. Este dinero, pagado presuntamente de forma irregular, todavía no ha sido localizado, aunque los testimonios de ayer han abierto una nueva línea de investigación sobre una posible malversación de caudales públicos, al ser detectados movimientos de dinero atípicos en una cuenta bancaria de estos empresarios. Troncoso explicó al juez que la edil ourensana les sugirió la creación de facturas extraordinarias para gastar el presupuesto no utilizado. EL PAÍS reveló dos facturas de 2008 pagadas sin los justificantes exigidos. El empresario afirmó que las hojas de liquidación aportadas junto a esas facturas son falsas porque se hicieron posteriormente. El juez investiga desde hace meses irregularidades en buena parte de los pagos. Entre ellos destaca la factura de agosto de 2010, devuelta tras ser detectado un abultado desfase. La empresa presentó una segunda factura de 151.000 euros (25.000 menos que la rechazada inicialmente) en la que figuran sellos modificados con bolígrafo y corrector. Además, una técnico municipal no reconoció ante el juez la letra que aparece junto a su firma. El instructor, Antonio Piña, ha pedido a la policía científica un informe pericial sobre las modificaciones en este documento.

La concejal también ordenó pagar desplazamientos de las trabajadoras de la empresa a pesar de que el contrato no recogía este concepto. Según el empresario, la edil dio la orden de pago unilateralmente, sin acuerdo con ellos. Matizó que desde la empresa distribuían a las trabajadoras en grupos para evitar esos desplazamientos. Las nóminas de las empleadas no reflejan en ningún caso el pago de este concepto. López, el otro socio de la UTE y actual concesionario, reconoció ante el juez el correo electrónico destapado por este diario en el que señala una reunión con Marga Martín “para decidir la estrategia a seguir en relación con la parte del presupuesto no utilizado (…) aproximadamente 236.000 euros”. El empresario confirmó la existencia de reuniones, aunque matizó que presentó facturas extraordinarias tras ser detectados errores. López también reconoció llamadas a funcionarios del Ayuntamiento para que pagasen sus servicios lo antes posible. Faro de Vigo reveló un informe de la tesorera municipal en el que denunciaba “llamadas de la concejala y el proveedor en las que solicitan el pago inmediato” por lo que la Tesorería “se ve obligada a alterar su normal funcionamiento”.

Ayer también desfiló por los juzgados la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, imputada por presunta prevaricación tras legalizar una urbanización con sentencia de derribo. El Ayuntamiento alcanzó un acuerdo con la denunciante, a la que indemnizó con 358.000 euros tras un informe del mismo abogado que asistió al exalcalde Francisco Rodríguez tras su detención en la Pokémon. La edil descargó responsabilidades en la asesoría jurídica y en un técnico. El alcalde, Agustín Fernández, declaró ayer a Onda Cero que “pondría la mano en el fuego por Áurea Soto y Marga Martín, me tiraría al infierno por ellas”.