Un nuevo testigo declara que llevó más dinero de Emarsa al PP de Valencia
El conserje de la sociedad saqueada asegura que lo llevó a Silvestre Senent El concejal de Hacienda de Barberá era entonces presidente del partido en la ciudad
La Entidad Metropolitana de Aguas Residuales Sociedad Anónima (Emarsa) fue sometida a un sistemático pillaje que concluyó en 2010 con la liquidación por quiebra de la empresa pública debido al agujero de 17 millones de euros que presentaba, según acredita el voluminoso sumario de la causa. El juez instructor, Vicente Ríos, estima que el desvío de dinero alcanzó, al menos, 25 millones. Una parte aún por determinar de esos fondos acabó en las arcas del PP de la ciudad de Valencia, que controló virtualmente Emarsa hasta su extinción gracias a su peso en la asamblea de municipios de la que dependía, según las últimas revelaciones del caso.
De un lado, la declaración este lunes de uno de los pocos exempleados de la planta depuradora que no ha sido imputado, el entonces conserje José Salvador Villalba. El testigo declaró ante el juez que llevó dinero de la sociedad a Silvestre Senent, concejal de Hacienda de la alcaldesa Rita Barberá. El bedel afirmó que el destino de esos fondos públicos era “pagar la lotería de Navidad del PP”. Aunque no pudo estimar a cuánto ascendía la entrega, el testigo aseguró que hizo la entrega “varios años”.
Las palabras del conserje están en consonancia con lo que declaró en sede judicial el exgerente de Emarsa Esteban Cuesta, que también ocupó cargos en el Ayuntamiento de Valencia y en el PP de la ciudad. Cuesta relató que la sociedad pública entregó, también durante varios años, 20.000 euros al Partido Popular de la capital valenciana para costear las cenas con que homenajeaba a sus militantes. El receptor de los fondos era igualmente Senent, según el testigo, y el importe total por esta vía habría alcanzado los 100.000 euros.
Los enlaces de Senent en la planta depuradora, encargados de llevar el dinero o de ordenar a otros para que lo hicieran, fueron, según las declaraciones judiciales mencionadas, dos cargos del PP en la ciudad de Valencia y de Emarsa simultáneamente. Santos Peral, jefe de contabilidad en la sociedad pública y secretario general del PP en el distrito de Patraix, e Ignacio Martínez, jefe de compras de la planta y secretario general popular del distrito de Trànsits.
El juez Vicente Ríos decidió imputarlos también el lunes a los dos por un delito continuado de malversación de caudales públicos, como consecuencia de las declaraciones prestadas por otros testigos e imputados. Estos aseguraron que Peral y Martínez eran quienes controlaban la caja de Emarsa durante el periodo (2004-2010) en que se produjo el pillaje en la sociedad. Y que, entre otras cosas, se autoconcedían sobresueldos de unos mil euros al mes de la misma caja que debían custodiar. Existen “indicios bastantes”, señala el juez, de que ambos lograron por esta vía “un beneficio ilícito”. El magistrado recuerda que lo hicieron supuestamente pese a tener un sueldo que alcanzaba los 83.546 euros al año en el caso de Peral y 89.442 euros en el de Martínez.
El juez se acerca a Senent
La causa judicial que investiga el colosal fraude cometido en Emarsa se acerca cada vez más a Silvestre Senent, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valencia y, hasta enero, presidente del PP de Valencia (ahora es presidente de honor y del comité electoral). Un testigo, el exconserje de la planta depuradora José Salvador Villalba, declaró el lunes que llevó dinero público varios años a Senent para sufragar la lotería navideña del PP de la capital valenciana. Y un imputado, Esteban Cuesta, exgerente de la sociedad pública, aseguró que de la planta también salió el dinero con que Senent pagó la cena de homenaje a los militantes de su partido, a razón de 20.000 euros por ágape, unos "cinco o seis años".
La conexión de Senent con Emarsa, de la que fue presidente desde 1997 hasta 2002, salpica también muchas otras páginas del sumario, especialmente en lo referente a su supuesta tendencia a enchufar trabajadores. Entre ellos, según varios testimonios, algunos de los principales imputados por el fraude.
Es el caso de Sebastián García, el responsable de la planta —lo llamaban “el subgerente”, según el bedel— y al mismo tiempo proveedor de la sociedad pública, a la que habría desvalijado cobrándole por falsos suministros y servicios. Como por ejemplo, ventas de 164 teclados y 149 ratones en medio año para una empresa que solo tenía 30 ordenadores.
La causa no investiga la época en que Senent presidía la sociedad, según fuentes jurídicas, porque los posibles hechos delictivos cometidos probablemente habrían prescrito. Pero sí constan indicios de que las irregularidades también fueron moneda común entonces. Los auditores de Emarsa advirtieron en aquellos años de insuficiencias en el procedimiento de contratación, falta de control en las compras, reparaciones y mantenimiento. Esto es, lo mismo sobre lo que los auditores alertaron en la etapa investigada (2004-2010) y cuya dejación permitió, según el juez, el fraude masivo.
También otro de los imputados, Juan Carlos Gimeno, exconcejal popular en el Ayuntamiento de Valencia, exportavoz del PP en la Diputación de Valencia y exempleado de Emarsa, afirmó que las prácticas en la época de Senent en la planta fueron “calcadas” a las que ahora investigan los tribunales.
El concejal de Hacienda se ha negado hasta hoy, sin embargo, a ofrecer explicaciones, en una actitud parecida a la que mantiene la alcaldesa Rita Barberá ante todos los escándalos judiciales.
Los socialistas señalaron que con cada paso judicial “surge una nueva prueba que implica más al PP en el supuesto saqueo de la depuradora”. Mientras, Compromís advirtió de que el caso Emarsa puede acabar convertido en otro escándalo de “financiación ilegal”.
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