El fútbol empeora la mala racha del Consell

Antes de abandonar el Palau de la Generalitat en julio de 20011 asediado por el escándalo de Gürtel, Francisco Camps había cumplido un último servicio en pos de la simbología que tanto lo excitó. Favoreció un aval del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) a la Fundación del Valencia CF que ahora se ha convertido en otra bola financiera encadenada a los pies de la Generalitat, que este año no podrá cubrir el coste de servicios esenciales, como sanidad y educación, sin la aportación de fondos de rescate adicionales por parte del Gobierno central.

En 2009 el consejo de administración del Valencia había aprobado una ampliación de capital de 92 millones, de los que apenas se recaudaron unos 18. La Fundación del Valencia, en una segunda ronda, adquirió el resto a través de un crédito de 75 millones concedido por Bankia con ese aval y se convirtió en la propietaria del 70% de un club con serios problemas financieros derivados de sus aventuras inmobiliarias.

Un año después, el IVF incrementó en seis millones ese aval a la Fundación sin ninguna explicación al respecto. La versión oficiosa es que la Fundación no hizo frente a la amortización de intereses y el importe se añadió al préstamo con el visto bueno del entonces presidente Camps. La bola iba creciendo en la Fundación mientras el Valencia, que no tenía una situación mejor, veía una oportunidad para salir de su delicada situación al alcanzar un acuerdo con Bankia en 2011. La entidad financiera se quedaría con el suelo de Mestalla y de la ciudad deportiva de Paterna a cambio de refinanciar las obras del nuevo estadio y zanjar la deuda de 219 millones que tenía al margen de la Fundación.

La gestión de la situación añade turbulencias al Ejecutivo

Pero la intervención de Bankia en 2012 arruinó esa expectativa, ya que las directrices del plan de saneamiento del Gobierno la obligaban a aumentar liquidez y reducir bienes inmobiliarios. Y en enero de 2013 se le sumó la declaración de insolvencia de la Fundación para devolver el préstamo de la ampliación accionarial. Su entonces presidente, Társilo Piles, trató que la Generalitat ampliara de nuevo el aval con el dinero de la amortización de los intereses, pero el Consell no accedió. La Fundación nunca había hecho nada por pagar el préstamo.

Tras demorar unos meses la decisión, Bankia decidió ejecutar el aval y la Generalitat tuvo que pagar 4,8 millones para cubrir los intereses. Los problemas de esta herencia envenenada de Camps no habían hecho más que empezar para su sucesor, Alberto Fabra. La Generalitat se convertía así en la propietaria del 70% de las acciones del club y se ve abocada a intervenir para recuperar el dinero y evitar tener que pagar el próximo plazo de intereses el 27 de agosto (otros 4,8 millones). Además, está pendiente la amortización de los 81 millones del préstamo (40,5 en 2014 y 40,5 en 2015).

El primer paso fue meter mano a la Fundación para sustituir sus patronos, puesto que la Generalitat considera que no habían hecho nada por ejercer el control sobre los administradores y representaban “intereses contrapuestos”. Mientras ponía en marcha la operación, el 12 de febrero de 2013 llegó una sentencia inesperada anulando el aval del IVF. La juez entendía que entrañaba riesgos que excedían lo establecido para la concesión de ayudas de la Generalitat prevenidos en la Ley de Hacienda Pública Valenciana. El Consell se sintió liberado de la carga, pero esa sentencia no es firme porque una de las partes, Bankia, la ha recurrido y según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el aval solo podría quedar suspendido si una de las partes “expresamente lo solicitara al juez”. Incluso en ese caso, tendría un carácter cautelar.

La baza del Consell es que Bankia tiene pignoradas las acciones

Aunque el Consell mantiene que ha perdido la condición de avalista y no contempla que el recurso de Bankia altere esa situación puesto que las acciones están pignoradas a la entidad financiera, no podía ponerse de perfil ante el problema. La Generalitat siguió su hoja de ruta e hizo dimitir a los miembros elegidos por el club y a los de libre designación para hacer un patronato más manejable. Para sacudir el club, se nombró a una serie de patronos con un perfil técnico muy definido en el ámbito de la economía (el expresidente del ICO, Aurelio Martínez), la jurisprudencia (el juez José María Tomás y Tío, el catedrático de derecho Civil Francisco Blasco) y el deporte base (el empresario y presidente de la principal cantera de fútbol valenciano Amadeo Salvo). La designación de la presidencia también fue toda una declaración de intenciones: el asesor fiscal Federico Varona, un hombre relacionado profesionalmente con el vicepresidente del Consell, José Ciscar.

La misión del nuevo patronato, en el que la presencia de la directiva del club quedó simplificada a una plaza (la del presidente Manuel Llorente), no era otra que intentar negociar con Bankia una refinanciación del 50% de la deuda de la mano del consejo de administración del Valencia CF. Sin embargo, la reducción de la directiva (y el propósito de fiscalización y control) era una lata de gasolina en un pajar. La reacción de Llorente, haciendo uso de su potestad, fue tratar de nombrar otros 15 patronos para recuperar poder. La Generalitat no se lo permitió al responder al envite con la amenaza de nobrar a otros 15. El siguiente movimiento en el tablero de Llorente, cuyo mandato terminaba en 2014, fue dimitir el 5 de abril como presidente del club, aunque no como miembro del consejo.

El embate de Llorente tendría graves consecuencias para los propósitos de la Generalitat. A la crisis financiera se añadía una crisis social con mayor riesgo, algo para lo que los miembros de la Fundación no estaban preparados. “De saber la deriva que ha tomado, no hubiese aceptado formar parte de la Fundación”, apunta uno de ellos. La renovación pendiente de fichas de algunos jugadores y del entrenador, la tensión por el proceso para elegir un nuevo presidente mediante una embarazosa “democratización” del club, la presión mediática y la apertura de veda de caza para los grupos de intereses y profesionales de la comisión conformaban un combinado fatídico.

La llamas del Valencia llegan al Palau de la Generalitat

Para hacer más confuso el número de batallas que se dirimen sobre la guerra del Valencia, el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, arremetió el martes contra la tutela de la Generalitat sobre el club al anunciar que retiraría de la Fundación a su patrono porque “la Administración no debería condicionar ningún voto”. Esa misma tarde, Varona, el hombre de confianza de Ciscar, presentó la dimisión como presidente de la Fundación. Duró 13 días. Las llamas del Valencia llegan al Palau de la Generalitat y empiezan a tostar a Ciscar.

Mientras planea de la venta del club como última farmacia de guardia, la Fundación tiene por delante la inasequible renegociación de la deuda con Bankia (para lo que ha encargado una auditoría externa de la entidad y tiene que demostrarle que tiene un plan de ingresos factible). Además, le queda el ígneo tránsito de recomponerse y elegir un nuevo consejo mediante una junta extraordinaria del que saldrá el nuevo presidente del Valencia. El Consell se ha puesto como límite agosto (cuando vence el plazo de la amortización de intereses del aval) para que la Fundación y Bankia encuentren una salida, siempre que la justicia siga considerando nulo el aval y pueda pedir la ejecución de sentencia para desvincularse del problema. De lo contrario, carece de plan B, aunque está estudiando “medidas jurídicas” para evitar los pagos. Pero remontar a estas alturas de partido parece imposible.