La actividad del Consell, en mínimos

Las referencias de las reuniones del Gobierno valenciano son cada semana más largas, pero la relación de los asuntos tratados más corta. El Consell trató en su reunión de ayer tan solo siete asuntos, la mayoría de poco calado y todos ellos con una repercusión presupuestaria inapreciable.

Las graves tensiones de tesorería que tiene la Generalitat —y que han obligado al consejero de Hacienda, Juan Carlos Moragues, a extremar los controles de gasto y a frenar cualquier compromiso presupuestario que no sea imprescindible— están en el origen de tan reducida actividad.

Sin embargo, destacados cargos del propio Partido Popular argumentan que la falta de iniciativa política es lo que explica que la actividad del Consell esté bajo mínimos.

El portavoz no descarta la subida de algún impuesto específico

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, desde que fue elegido, ha mantenido las reuniones semanales del Consell, incluso en periodos vacaciones. Sin embargo, el volumen de asuntos tratados ha ido menguando paulatinamente.

Ayer, el Gobierno valenciano solo trató siete cuestiones, en una de las relaciones más cortas de los últimos tiempos. El nombramiento de siete registradores de la propiedad; un convenio con entidades manchegas; la cesión del Palau de les Arts a las bandas de música para 12 conciertos; el reconocimiento como museo autonómico de la colección de Moros y Cristianos de Ontinyent y dos convenios para fomentar el acogimiento familiar en Elche y mejorar las oficinas de turismo de Almenara y Teulada, además de un aprobar un nuevo incentivo industrial, fueron los temas tratados.

Por contra, el vicepresidente y portavoz del Consell, José Ciscar, tuvo que atender durante hora y media las preguntas de los medios de comunicación para dar explicaciones sobre la situación del Valencia CF, las dificultades presupuestarias y los impagos de la Generalitat, y distintos fallos judiciales.

Ciscar, que desde hace semanas intenta sin éxito desvincular al Gobierno valenciano de la gestión del Valencia, volvió a insistir en que la Generalitat no volverá a ser avalista de la fundación que ostenta la mayoría de las acciones del club salvo que exista una resolución judicial en ese sentido.

El vicepresidente justificó el aval concedido en 2009 a la fundación del Valencia, que no tuvo ninguna contestación social, y admitió que ahora la respuesta sería “totalmente distinta”. Sin embargo, aseguró que no hubo más remedio que pagar meses atrás a Bankia los 4,8 millones de intereses del crédito solicitado por la fundación, en el que el Instituto Valenciano de Finanzas figura como avalista. “Imaginen las consecuencias de no atender las obligaciones financieras”, prosiguió Ciscar, “el temido default”.

El portavoz aseguró que si la fundación y Bankia no encuentran una solución para saldar la deuda, la Generalitat encargará a sus servicios jurídicos que busquen fórmulas para no pagar el próximo vencimiento el 26 de agosto.

Respecto a la difícil situación financiera, Ciscar admitió que no se pueden pedir más sacrificios a los ciudadanos, pero no descartó la subida de algún impuesto específico.