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La declaración obligatoria de bienes solivianta a los residentes extranjeros

La Embajada Británica aconseja buscar profesionales para evitar multas superiores a 10.000 euros

Los residentes extranjeros viven estos días con una “notable incertidumbre y ansiedad” por el nuevo requisito de declarar sus bienes, cuentas bancarias y acciones de empresas en sus países de origen antes del 30 de abril. Si no lo hacen debidamente, a través de la página web del Ministerio de Hacienda, se enfrentan a una sanción mínima de 10.000 euros, y otros cinco mil por cada error u omisión. “Sólo quieren sacar dinero, es injusto porque ya pagamos nuestros impuestos tanto aquí como allí”, asegura indignado Charles Svodoba, un canadiense que reside desde hace 13 años en Benissa, y hace años también luchó contra los abusos urbanísticos.

Los 350.000 británicos residentes en la Comunidad Valenciana han empezado a organizarse. Por un lado, han recogido más de 1.000 firmas en contra de esta medida que han presentado ante el Parlamento Europeo, y la propia la Embajada Británica ha tomado cartas en el asunto y emitió hace unos días una nota, que se publicó en los medios que en inglés de toda España, donde advierten de las “penas severas” que se impondrán a los infractores. Ante este panorama fuentes de la embajada explicaron a EL PAÍS que han recomendado “asesoramiento profesional” ya que las embajadas o consulados “no son capaces de ayudar en consultas personales o dar información detallada sobre la tributación en España”.

Enrique Climent, de Abusos No, cree que ley se pensó para “evitar el fraude de los españoles con propiedades fuera, pero sin tener en cuenta a los residentes extranjeros”. Los afectados se consideran “el blanco de las recientes leyes antifraude” aprobadas por el ministerio que dirige, Cristóbal Montoro, y consideran “desproporcionadas” las multas previstas por “los mínimos errores”. “Algunos pronto decidiremos irnos de España, y eso tendría un terrible impacto en la economía”, advierten algunos de estos residentes.

El real decreto 1588 aprobado el 15 de noviembre de 2012 exige a todos los residentes, sean españoles o de fuera, presentar antes del 30 de abril una declaración “completa y detallada de sus bienes mundiales”. A los extranjeros les resulta casi “imposible” obtener toda la información fiscal ya que “los sistemas de notificación son distintos” en cada país, y se quejan de que “únicamente profesionales cualificados”, que tienen que pagar, lo pueden hacer bien. Los afectados piden “más comprensión y flexibilidad” por parte de las autoridades tributarias.

El abogado y asesor fiscal, Alejandro del Campo, tilda de verdadera “barbaridad” este decreto que plantea unas sanciones “desorbitadas”, y lo peor es que si hay errores o algún olvido y Hacienda te descubre el próximo año el infractor se enfrenta a una sanción por incremento no justificado de patrimonio.

 

Denuncia ante la Comisión europea

El 26 de febrero el abogado Alejandro del Campo, del despacho DMS Consulting, presentó ante la Comisión Europea una denuncia por “incumplimiento contra el derecho comunitario” por obligar a los contribuyentes residentes a informar sobre sus bienes y derechos en el extranjero. El 2 de abril la Comisión admitió a trámite la denuncia, y en los próximos meses estudiará si abre un procedimiento de infracción contra España. Según Del Campo, Bruselas “llegará hasta el final porque este decreto es incompatible con el derecho en la Unión Europea, ya incumple la libertad de circulación de capitales y de personas”.

Por su lado, la abogada Gloria Diego, que Xàbia atiende a varios afectados, estima que quizá sea legal pedir estos datos fiscales pero la “excesiva información que se exige genera inseguridad”. Y es que no solo se trata de indicar los datos de las cuentas bancarias que tengan en sus países, sino que deben informar de la fecha de su apertura y del movimiento y saldo medio anual. Algo que para muchos jubilados europeos es una misión imposible. Óscar Antón, concejal responsable en Xàbia, donde el 55% de la población residente es extranjera, incide en que la mayoría de afectados son personas mayores que desconocen el idioma y se sienten amenazados. “Muchos de ellos solicitan darse de baja en el padrón municipal para esquivar esta norma”, asegura el edil que ha puesto en marcha en el Ayuntamiento un servicio especial de atención tributaria.

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