Los condenados del ‘caso Pallerols’ aguardan el indulto

El Gobierno de Mariano Rajoy tendrá la última palabra sobre el destino de los tres condenados en el caso Pallerols, la financiación irregular de Unió Democràtica (UDC) a través de las subvenciones de la UE para formación de parados. El exsecretario de organización del partido democristiano, Vicenç Gavaldà; su hermano Lluís Gavaldà, exdirector de Trabajo de la Generalitat; y el empresario andorrano Fidel Pallerols aceptaron en enero penas inferiores a los dos años de cárcel que, en principio —así ocurre en la mayoría de casos— les permitía quedar en libertad.

Pallerols y los Gavaldà, sin embargo, toparon con la decisión inusitada de la Sección Segunda de la Audiencia de Barcelona, que hasta en dos ocasiones ha tumbado su pretensión de eludir la cárcel con un argumento: la “prevención general” de la corrupción. Por breve que sea, argumentan los magistrados, el paso por la cárcel de los protagonistas del caso Pallerols servirá de ejemplo para que otros políticos eviten ese tipo de conductas. Según la sentencia pactada con la fiscalía, los condenados destinaron casi 400.000 euros de los fondos europeos para financiar irregularmente al partido de Josep Antoni Duran Lleida.

Ante la insistencia del tribunal de que ingresen en prisión, los condenados se han visto forzados a disparar ya su última bala: han pedido el indulto al Ministerio de Justicia. Los abogados han solicitado a los jueces que, mientras el Gobierno adopte una decisión, sus clientes no ingresen en prisión. La Audiencia aún no se ha pronunciado a este respecto.

Las peticiones de indulto recuerdan que los hechos ocurrieron hace muchos años —en la década de los 90— y que los condenados llevan ahora una vida normal, están “socializados” y no van a cometer nuevos delitos. En el caso de los dos excargos de Unió, además, hace años que abandonaron la vida política. Vicenç Gavaldà, que aceptó una pena de siete meses de cárcel por un delito de fraude de subvenciones, es funcionario de la Generalitat: trabaja como médico en una unidad de vigilancia de epidemias, lo que “descarta toda peligrosidad social”, según el escrito de su abogado, Manuel González Peeters.

Los condenados recuerdan que cumplen todos los requisitos legales para quedar en libertad; entre otros, han pagado su responsabilidad civil, por lo que “la reparación del daño es total y absoluta”. La decisión de la Audiencia de Barcelona “nada tiene que ver con el derecho”, abunda González Peeters, que alude al “daño irreparable” que se puede causar a su cliente si ingresa en prisión. En la misma línea se expresa el abogado de Lluís Gavaldà, al afirmar que se debe evitar “el probable efecto corruptor de la vida carcelaria”.

En su recurso de súplica previo al indulto, el abogado de Lluís Gavaldà rechaza el argumento de la “prevención general”. El penalista Cristóbal Martell recuerda los “peligros y excesos que el Estado puede cometer en nombre de la prevención”. Y considera que no hay que atender a “parámetros generales como la crisis económica y los dramáticos índices de desempleo”, sino a las circunstancias personales de cada condenado. “Se pergeña una especie de comparación con la situación actual del país” para “justificar lo injustificable”, añade González Peeters.

“Es de justicia”, tercia Martell, conceder la libertad a Gavaldà incluso por piedad: el exsecretario de Trabajo, que aceptó una pena de año y medio de cárcel, padece una cardiopatía grave. La enfermedad —lleva un marcapasos desfibrilador— le aconseja evitar tensiones y estrés; esa fue una de las razones por las que decidió aceptar un pacto y no afrontar un juicio largo e incierto.