Muñoz: 52 condenas y 50 casos por ver
El exalcalde de Marbella ha vuelto a prisión tras ser culpado por blanqueo de capitales
Pasadas las nueve de la mañana del pasado martes, Julián Muñoz entró sonriente y trajeado en la Ciudad de la Justicia de Málaga para conocer la sentencia del caso Pantoja. Pocas horas después, salió del edificio en un furgón policial camino de la cárcel, con una ropa más apropiada, que apresuradamente le compraron sus hijas. Nada más conocer la condena de siete años de reclusión por blanqueo y cohecho, la fiscalía pidió su inmediato ingreso en prisión y la sala accedió al considerar que aumentaba el riesgo de fuga. Apenas pasó un día en Alhaurín, el miércoles fue trasladado al penal de Soto del Real porque un día después comenzaba en la Audiencia Nacional el juicio por el caso Saqueo 2, en el que se enfrenta a una petición fiscal de 13 años y medio de cárcel por desvío de dinero público a través de las sociedades municipales y fraude a la Seguridad Social. En este juicio está acusado también Juan Antonio Roca, considerado el cerebro del caso Malaya,la mayor trama de corrupción municipal de España.
Al mismo tiempo que el jueves declaraba en esta vista en Madrid, en Málaga trascendió que la Fiscalía Anticorrupción le pide otros 11 años de reclusión, igual que a José María del Nido, por el caso Fergocon (adjudicación de obras sin procedimientos legales a una empresa de dos hermanos del actual presidente del Sevilla F. C.). Esa es la vorágine judicial en la que está inmerso Muñoz, casi 10 años después de que dejara la política tras ser depuesto de la alcaldía de Marbella por una moción de censura.
Quizá no esperara que iba a ser ya. Aunque con su historial, Muñoz sabía que era carne de cárcel. Durante el tiempo que permaneció en el Ayuntamiento acumuló tal cantidad de corruptelas que produjeron un largo reguero judicial. En la última sentencia se cita la “ingente” cantidad de prueba documental que permite “la más que razonable inferencia de la relación consolidada en el tiempo del acusado Julián Muñoz Palomo, con actividades delictivas que podemos englobar bajo los términos corrupción política, en sus diversas variantes: delitos urbanísticos, contra la Administración, cohecho, malversación de caudales públicos y prevaricación”.
El nombre de Muñoz figura entre los imputados de 102 casos instruidos en los juzgados de Marbella, la mayor parte de ellos por delitos contra la ordenación del territorio. Hasta ahora ha sido condenado en 52 sentencias firmes a penas de prisión, multa o inhabilitación. Solo por delitos urbanísticos, —conceder licencias de obras donde el planeamiento no permitía construir—, suma 45 años de prisión, que son el resultado de 44 sentencias de un año cada una y otras dos de seis meses. Estas causas se acumularon en un pacto con la fiscalía. En virtud de este acuerdo, Muñoz y los demás concejales acusados se reconocieron culpables de estos procesos sin necesidad de celebrar juicio, a cambio de cumplir la pena mayor impuesta multiplicada por tres. Es decir, un total de tres años de prisión. Muñoz cumplió ya este cómputo con los tres años y tres meses que permaneció en la cárcel tras ser detenido el 17 de junio de 2006 en una de las fases de la operación Malaya.
“Desmedido beneficio particular”
En el juicio por el caso Saqueo 2, Julián Muñoz vuelve a agarrarse al argumento de defensa que siempre han usado los concejales del Grupo Independiente Liberal (GIL): que eran meras marionetas del fundador del partido y alcalde entre 1991 y 2002, Jesús Gil; que se limitaban a votar en plenos y comisiones, y a firmar cuentas en la sociedades municipales sin tener ni idea de los asuntos. Con cierta experiencia ya en enjuiciar la corrupción en Marbella, la Audiencia de Málaga no obvia en su última sentencia que Gil constituyó el Ayuntamiento como "un holding particular", pero describe la actuación nada inocente de Julián Muñoz, tanto de concejal como de alcalde. "Usó su cargo para servirse del mismo con un fin estrictamente privado. Buscando en muchos casos y de manera desmedida el beneficio económico particular; en otros el trato de favor para sus amistades. Para tales fines utilizó todos los mecanismos e instrumentos necesarios que estimó oportunos en su afán de no dejar rastro o huellas de sus quehaceres al margen de la más elemental normativa. En algunas ocasiones, sin el más mínimo recato en actuar él directamente; en la mayoría de los casos, a través de terceras personas —tanto físicas como jurídicas—, a las que utilizaba como testaferros, a modo de parapeto, con el fin de ocultar que detrás de las actividades de las mismas estaba su persona".
Los últimos meses los pasó en régimen de tercer grado, concedido tras conseguir un contrato de trabajo como relaciones públicas en un restaurante marbellí. Aquello se acabó, con sus bienes embargados y las cuentas vigiladas para que no cobre por asistencia a programas de televisión o la concesión de exclusivas, Julián Muñoz vivía ahora en un cortijo en Jimena de la Frontera junto a su actual pareja, una mujer 26 años más joven que él propietaria de una yeguada a cuyo cuidado dedicaba su tiempo entre juicios.
Hasta el pasado diciembre no se produjo la primera gran sentencia condenatoria por corrupción, la del caso Minutas, que le impuso siete años de prisión. La defensa de Muñoz entiende que, en tanto se da firmeza a esta sentencia, que también va a recurrir, debe prevalecer el derecho a la presunción de inocencia y permanecer en libertad.
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