El PSOE propone que los municipios se puedan declarar “libres de desahucios”
La Policía Local podría no intervenir en los desalojos y se bonificaría el impuesto de plusvalías
El PSOE va a proponer que los municipios andaluces sean declarados libres de desahucio. La medida propone una reforma legislativa que permita a los agentes de la Policía Local la posibilidad de abstenerse de intervenir en las órdenes de desahucio. Asimismo, los ayuntamientos solicitarán a las entidades financieras la paralización de los procesos abiertos. En caso de que no respondan favorablemente, los entes locales tendrían en cuenta esa actitud y adoptarían las medidas que considerasen oportunas en futuras operaciones con esa entidad.
Igualmente, la propuesta defiende que los ayuntamientos puedan bonificar o subvencionar el impuesto municipal de plusvalía a las familias afectadas por una ejecución hipotecaria, porque “es una barbaridad que encima que se les echa del piso, tengan que pagar ese impuesto”, indicó Francisco Reyes, secretario general del PSOE de Jaén, en cuyo seno ha nacido esta iniciativa que ha hecho suya la dirección regional. “Es una iniciativa pionera que merece la pena considerar en el ámbito andaluz y darle el respaldo político”, señaló el vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez.
La iniciativa, que deberá ser refrendada por los plenos de los municipios, pretende implicar a los ayuntamientos en la lucha contra los desahucios y dar respuestas a las familias afectadas. “Es una propuesta realista y sensata para contribuir a frenar la sangría inhumana de los desahucios”, agregó Reyes.
De otro lado, los socialistas han pedido la retirada de la reforma de la Administración Local que el Gobierno podría aprobar la próxima semana. El secretario federal de Política Municipal, Gaspar Zarrías, exigió al Gobierno su retirada y alertó de un impacto “letal” en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Por su parte, Mario Jiménez, añadió que “en nada va a corregir el problema de financiación de los ayuntamientos” y reclamó un marco de acuerdo con las comunidades autónomas y una ley de financiación para las corporaciones locales.
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