4.000 empleos de discapacitados peligran por impago a los centros

"Somos un colectivo sobre el que se están cebando las restricciones y recortes". El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (Cermi-CV) rechazó por unanimidad hace unas semanas la invitación del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, de sumarse al "acuerdo por la Comunidad Valenciana" que promueve. Se trata de un revés sintomático. Entre las razones que la organización esgrimió figuran el copago farmacéutico y ortoprotésico, los recortes en Bienestar Social, la modificación de los baremos de la dependencia y los recortes que el Consell prepara a los centros especiales de empleo en una orden de ayudas elaborada por el Servicio Valenciano de Empleo (Servef).

Según el borrador, la orden propicia que dejen de pagarse las ayudas a los apoyos técnicos y monitores. “Puede provocar la exclusión laboral de los discapacitados”, confirma el presidente de Cermi-CV, Joan Planells, que recuerda que los trabajadores discapacitados necesitan esos apoyos y, si se suprimen las ayudas, se les penaliza a ser más productivos para poder sufragarlos, lo que hará inviable la continuidad laboral de muchos de ellos. Si, además, no les pagan a los centros las subvenciones del coste salarial para el mantenimiento de los puestos de los propios discapacitados, unas ayudas que se cifran en el 50% del salario mínimo interprofesional, la situación se vuelve insostenible.

El Consell que preside Alberto Fabra pagó el pasado mes de febrero 2,7 millones para anticipos salariales y remanentes pero debe lo que falta hasta los 17 millones de euros correspondientes a todo el año 2012. “Somos la única comunidad autónoma que prácticamente no ha cobrado nada”, explica Juan José Serrano, presidente de la Agrupación Empresarial Valenciana de Centros Especiales de Empleo (Agevalcee). “Es muy difícil continuar cuando te deben casi un año entero”.

Según esta agrupación, de los 124 centros especiales de empleo activos actualmente en la Comunidad Valenciana, 18 son de carácter social, es decir, entidades sin ánimo de lucro, y el resto de carácter empresarial. Dan empleo, en conjunto, a más de 4.000 trabajadores discapacitados y a poco más de 300 sin discapacidad (que corresponden a las unidades de apoyo y formadores). El peso de la contratación de personas con discapacidad recae cada vez más sobre los centros especiales de empleo frente a las empresas ordinarias, que están obligadas a reservarles plazas cuando superan los 50 trabajadores de plantilla. En general, la cuota se ha reducido debido a la crisis.

“La incertidumbre es lo peor”, reconoce Juan José Serrano, que explica la paradoja de que los propietarios de pymes dedicadas a emplear a personas discapacitadas no cobran las ayudas pero se ven obligados a liquidar en su impuesto de sociedades entre el 25% y el 30% de las cantidades concedidas. “Has de cotizar por unas subvenciones que te concedieron pero que no has cobrado”.

“Pagas impuestos por unas ayudas que no has cobrado”, dicen las empresas

Tanto el presidente del Cermi-CV como el de Agevalcee coinciden en que las dificultades de pago de la Generalitat no deberían afectar a ayudas finalistas como las que se refieren al coste salarial para mantener los puestos de trabajo de discapacitados, cuyo importe envió a finales de diciembre a las comunidades autónomas el Gobierno central. Los centros se han planteado en alguna ocasión denunciar lo que consideran una “apropiación indebida temporal” de esas ayudas, pero al fin y al cabo lo que persiguen es que les paguen para poder funcionar.

El portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Antonio Torres, tiene previsto preguntarle a Fabra este jueves, en la sesión de control al presidente del Consell, qué opinión le merece la situación de las personas con discapacidad en la Comunidad Valenciana.