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El Ivima entrega la primera vivienda pública en alquiler a un desahuciado

Julián y sus dos hijos podrán vivir en un piso nuevo por 230 euros al mes durante cuatro años

González arremete contra el decreto andaluz por “poner en riesgo” el Estado de derecho

Foto: CARLOS ROSILLO | Vídeo: ATLAS

El presidente regional, Ignacio González, decidió el pasado noviembre destinar un millar de viviendas del parque inmobiliario del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), que cuenta con 23.000 pisos.  Los beneficiados podrán permanecer un tiempo máximo de cinco años en la nueva residencia, abonando cada mes un alquiler que rondará los 200 euros de media, cantidad que variará en función de la renta. Seis meses después, la Comunidad ha entregado la primera de las mil viviendas públicas que el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) cede en régimen de alquiler a familias o personas en situación de especial necesidad. El elegido ha sido Julián Espejel, pensionista de 52 años por una incapacidad permanente y con dos hijos. Después de 20 años trabajando, tuvo que dejar su empleo como quiosquero cuando le diagnosticaron una enfermedad renal. Con su exigua pensión de incapacidad permanente absoluta, no pudo hacer frente a su hipoteca y fue desahuciado en 2011. No solo perdió la vivienda que había comprado con su mujer, de la que ahora está divorciado, sino que también se quedó sin otra que había servido de aval a esta.

Desde entonces ha vivido con un amigo en una vivienda baja de Villaverde. Tras acogerse a esta iniciativa del Ivima que se realiza a través de Cáritas, Julián y su familia podrán vivir en un piso prácticamente nuevo por 230 euros al mes durante cuatro años. Seguirá teniendo una deuda con el banco de 150.000 euros, aunque contará con la ayuda de Cáritas para intentar renegociar esa deuda.

A lo largo de esta semana, la Comunidad de Madrid entregará otras 102 viviendas teniendo en cuenta el criterio de selección de Cáritas y, paulatinamente, se irán adjudicando más hasta completar las 1.000 comprometidas, ha indicado el Gobierno regional. Son casas de titularidad pública del Ivima, ubicadas en 34 municipios —la mitad de ellas en Madrid— que han sido recuperadas de ocupaciones ilegales y que están siendo acondicionadas y preparadas por Cáritas para poder entregarlas a los que más las necesitan.

El tamaño medio de estas viviendas está entre los 70 y 90 metros y la renta media de alquiler en unos 200 euros. Se podrán utilizar por un periodo de cinco años prorrogable. El presidente de Madrid, Ignacio González, acompañado por el consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, Pablo Cavero, ha visitado junto al adjudicatario la vivienda asignada, un piso de 59 metros cuadrados, con un dormitorio y plaza de garaje y situado en el Ensanche de Vallecas. "Agradezco a la Comunidad de Madrid y a Cáritas por haberme ayudado a conseguir una vivienda digna porque no podía vivir por mi cuenta. Han estado ahí y les tengo que agradecer mucho", ha declarado Julián, que se vio "en la calle" por "circunstancias de la vida".

Por su parte, González ha aprovechado el acto para arremeter de nuevo contra el decreto ley aprobado por la Junta de Andalucía para expropiar a los bancos viviendas si los desahuciados están en riesgo de exclusión social es una medida que "pone en riesgo el estado de derecho".

Frente a la iniciativa andaluza, González ha considerado "mucho más razonable poner a disposición de los desahuciados las viviendas públicas" en "condiciones muy ventajosas" y ha sostenido que Andalucía tiene 5.000 viviendas públicas vacías. Sin embargo, la consejera de Fomento y Vivienda del Gobierno Andaluz, Elena Cortés aseguró a EL PAÍS que “la Junta de Andalucía no tiene viviendas vacías”.

González ha añadido que más de 27.000 familias madrileñas disfrutan de una vivienda pública por un alquiler de menos de 270 euros al mes y que se ha renegociado el alquiler a la baja con más de 5.000 inquilinos, que ahora solo pagan 40 euros. También ha recordado que la Comunidad aprobó en marzo la Ley para proteger los derechos de los consumidores mediante la transparencia en la contratación hipotecaria. El líder del PSM, Tomás Gómez, ha señalado que la entrega de viviendas del Ivima  es "caridad" y que lo que el Ejecutivo regional debería hacer es expropiar pisos a los bancos como Andalucía.

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