A 20 metros del mar, a 300 del diputado

La legalidad es muy flexible en épocas de crisis. Más que una bailarina en ejercicios de barra. A veces los poderes ningunean, vulneran y muestran escaso respeto por esas reglas sagradas cuya transgresión está prohibida para la ciudadanía común. Retuercen el Estado de derecho y cambian el sentido de las leyes, con lo que finalmente desvirtúan el sentido original de la democracia.

En las últimas semanas Chipre, con su quita a escote por depósito bancario, hizo saltar todas las alarmas. Abría el precedente de la socialización directa de la deuda por orden de la autoridad, mientras los depositantes rusos retiraban desde Londres sus fondos de los bancos chipriotas. Hace unos días, el primer ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho, desautorizó a su Tribunal Constitucional por fallar en contra del recorte de pensiones y salarios de funcionarios proyectado por su Gobierno.

Y es que la crisis ha hecho perder el respeto por el poder judicial en una carrera en la que lo que importa es recortar el déficit y ser un alumno aventajado de la troika. Artur Mas es uno de los primeros de la clase. Él puso como ejemplo de trabajo bien hecho al Portugal intervenido durante su visita a Lisboa de julio de 2012, porque “tiene un Gobierno fiable”. El poder parece no tener suficiente con malear cada día la legalidad a su antojo, sino que trata de embutir moldear sus más mínimos caprichos en leyes. En ese 2012, el mismo año del viaje lisboeta de Mas, Cataluña aprobó —con los votos de CiU y PP— situar el objetivo de déficit en el 0,14% del PIB a partir de 2018, dos años antes de lo que había fijado la ley estatal de estabilidad presupuestaria en el Congreso de los Diputados. Ambos textos declaran prioritario el pago de intereses y capital a los bancos: el techo de déficit solo lo pueden levantar —según el texto— las catástrofes naturales. “Es para no estirar más el brazo que la manga, porque si de lo que se trata es de ganar credibilidad en los mercados, la Generalitat tiene más que unos propósitos de enmienda para 2011”, dijo entonces el portavoz del Gobierno, Francesc Homs.

En la carrera por ganar la confianza de mercados y mercaderes, el Gobierno de Mas derogó la ley de 2007 del tripartito que ponía en alquiler forzoso las viviendas que llevaban más de dos años desocupadas. Aquellos eran momentos en que el problema no parecía ser ni el sobreendeudamiento ni los desahucios, sino los altos precios y el mobbing a los inquilinos de rentas bajas. Pero, con todo, en 2011 CiU la enterró.

Ahora han llegado nuevos y peores tiempos con los desahucios y CiU considera que la dación en pago no es solución. Tal vez el Consejo de Transición Nacional, recién inaugurado esta semana, debería encargarse de redactar un estudio de cuáles serán las políticas sociales en la Cataluña independiente. Si el Ejecutivo de Mas está interesado en sopesar si la Cataluña futura debe o no tener ejército o qué parte del pastel de la Seguridad Social o del Fondo de Garantía Salarial le corresponde, no estaría mal que planease y explicase cómo funcionarán las estructuras de Estado respecto al pago de la deuda y cómo se restaurará el desconchado edificio del Estado de bienestar… De otra manera puede dar la impresión de que el modelo catalán que impulsa CiU guarda demasiados parecidos con el del Ejecutivo central. El Gabinete de Rajoy interpreta a los mercados negándose a la dación en pago, al tiempo que blinda a sus diputados, alejando los escraches de los manifestantes antidesahucios a una distancia prudencial (300 metros se dijo inicialmente) de sus viviendas. También los sigue interpretando cuando rebaja las zonas de protección para construir en primera línea de mar de 100 a 20 imprudentes metros, como prevé la reforma de la Ley de Costas que proyecta el PP. Mientras la mayoría de los políticos se blindan y convierten sus fantasías en leyes, la realidad sigue siendo una pesadilla.