Alzira expropiará 48 casas a los bancos

En 2012, hasta 179 familias del municipio valenciano de Alzira (45.000 habitantes) se quedaron en la calle por los desahucios, según datos de su Ayuntamiento. El consistorio, harto de acumular impagos de cuotas urbanísticas por parte de CISA, la filial inmobiliaria de Bankia, decidió ejecutar la deuda y recuperó 400.000 euros, que ha invertido ahora en el Plan Alzira Social.

¿El objetivo? Expropiar casas a los bancos, rehabilitarlas con un plan de empleo municipal y ponerlas en régimen de alquiler social a familias desahuciadas.

"La base legal que nos permite expropiar es el mal estado y el deterioro en las condiciones de habitabilidad, que generan problemas en el vecindario", explicó Elena Bastidas, alcaldesa del municipio por el PP.

El procedimiento supone llevar hasta las últimas consecuencias la ley urbanística valenciana, que obliga a los propietarios a mantener las casas en buenas condiciones. "Hacemos al banco un requerimiento para que las rehabilite por las buenas y, si no lo hace, el Ayuntamiento lo realiza de manera subsidiaria, cuantifica la intervención y registra la propiedad en el registro municipal de solares", detalla.

El paso siguiente es tasar el inmueble para su expropiación y descontar de esta cantidad el precio de la rehabilitación y las deudas de tributos municipales.

Tras la expropiación, el inmueble se inscribe en el Registro de la Propiedad y pasa a ser, de manera permanente, propiedad del Ayuntamiento.

El Plan Alzira Social lleva aparejado un plan de empleo que dará trabajo a cerca de 20 vecinos parados del sector de la construcción. Tras la rehabilitación, los servicios sociales del Ayuntamiento seleccionarán a las familias y pondrán los inmuebles a su disposición con una cuota mensual de entre 50 y 60 euros.

"Aunque el plan tiene vocación de extenderse por todo el municipio, en la primera fase nos hemos circunscrito a un barrio determinado, con problemas de envejecimiento de la población", dijo Bastidas. Tras la rehabilitación y con la adjudicación del alquiler social a familias jóvenes, pretenden revitalizarlo.

"En esta primera etapa hemos empezado con 48 viviendas. Llevamos 14 expedientes empezados y otros cuatro tienen los trámites realizados para inscribirlos en el Registro Municipal de Solares", explicó orgullosa la alcaldesa. "Tengo dudas sobre la legalidad del plan de la Junta de Andalucía, es una solución temporal y, además, no sé de dónde van a sacar el dinero".