Urkullu deberá llevar al Parlamento una nueva ley Municipal en menos de un año

El PNV, los socialistas y EH Bildu han sumado sus votos esta mañana en el pleno del Parlamento para reclamar al Gobierno que elabore en un máximo de 12 meses un nuevo proyecto de ley Municipal que saque de una vez por todas a Euskadi del reducido listado de comunidades autónomas sin una legislación que recoja las competencias y la financiación de los Ayuntamientos.

La ley debería concretar las competencias municipales y garantizar la financiación suficiente para que los consistorios puedan asumirlas.

El último intento, una proposición de ley socialista que recogía el nonato proyecto del anterior Ejecutivo, no fue tomada en consideración por la Cámara hace semanas por la negativa de PNV y PP. “Esperamos que esta sea la de verdad”, han aseverado los socialistas, tras recalcar: “Hemos perdido más de tres décadas”.

El texto ha sido pactado por los tres partidos sobre una proposición no de ley original de los socialistas, en la que reclamaban que el proyecto entrase en la Cámara antes de julio próximo. En el texto, que ha sido aprobado con el rechazo del PP y la abstención de UPyD, se insta al Gobierno Vasco a que esta iniciativa legislativa

La misma resolución exige al Gobierno central que retire el informe del anteproyecto de ley de reforma de la Administración local, que pretende reducir el número de municipios en España. El PP, que ha votado en contra, y UPyD, que se ha abstenido, han criticado este acuerdo ya que el texto reprobado es un mero informe que no es un proyecto legal y que aún no ha llegado al Congreso para su debate.

La iniciativa considera una "grave injerencia” las intenciones del Ejecutivo popular 

El texto acordado pide al Ejecutivo popular que no “continúe con la grave injerencia” que supone el anteproyecto y que, en caso de que siga adelante, refleje la “singularidad foral del entramado institucional vasco”.

El borrador supone para el socialista José Antonio Pastor, autor de la iniciativa original, una “reforma neocentralista que arrebata competencias” y un “paso más para desmantelar los servicios públicos”.

Ana Otadui, del PNV, ha coincidido en que “mutila las competencias” vascas, además de ser una reforma “puramente economicista” que supone que paguen "justos por pecadores”. El parlamentario de EH Bildu Dani Maeztu ha asegurado que esta modificación legal supondría el paso previo a una privatización de servicios y ha afeado lo que su coalición entiende como un “recorte a la democracia”.

Varios alcaldes de Bildu que han asistido al debate han incidido en estas críticas. El regidor de Eskoriatza, Beñat Herce, ha sostenido que los Ayuntamientos “podrán ser intervenidos” o “quedan en peligro de extinción” en el caso de los más pequeños.

Los populares han replicado al resto de grupos que tratan de poner obstáculos a una racionalización necesaria, tras recordar que desde la primera versión del documento hasta la última se han modificado cosas, como la idea de reducir el número de concejales o de que no cobren por su trabajo.

“Ya les hemos pedido demasiado a los ciudadanos, ahora nos toca a nosotros”, ha dicho el popular Borja Sémper, quien sospecha que el resto de grupos, con su texto finalmente aprobado, temen “perder algún privilegio, prebenda o poder”.

EH Bildu ha censurado al PP que haga estas críticas al resto de partidos cuando son precisamente los populares quienes “lideran el ránking de imputados” por corrupción. Sémper le ha respondido:  “Ustedes lideran el ránking de acusados por enaltecimiento de terrorismo”.

Los reproches entre la coalición abertzale y los populares, por un lado, y los populares y el PSE, por otro, han sido continuos, centrados en los casos de corrupción y mala gestión de los dos grandes partidos en otros puntos de España.

UPyD ha reiterado una vez más que es necesaria la fusión de municipios y ha censurado la “estructura elefantiásica que provoca hipertrofia administrativa”.