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Reabierto el caso de supuestas irregularidades en el padrón de Cabanes

La Audiencia de Castellón ordena que se realice una prueba caligráfica

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha ordenado reabrir la causa de los censos de Cabanes por supuesto delito electoral y ha pedido la prueba caligráfica de un funcionario, al considerar que sí hay indicios de que se cometiera un delito de falsedad documental.

La denuncia inicial fue presentada por el concejal de Iniciativa en la localidad, Carles Mulet, quien aseguró que se habían producido empadronamientos irregulares en la localidad para alterar el resultado de las elecciones municipales de 2007.

Mulet mantiene que supuestamente se empadronó al menos a 40 personas en diferentes solares y casas sin habitar propiedad de miembros del PP y familiares del alcalde.

En la resolución hecha pública hoy por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, se explica que el 13 de septiembre de 2010, el Juzgado de Instrucción número 3 de Castellón ordenó el sobreseimiento del caso. Los recursos de Mulet contra esa decisión llevaron la causa de nuevo al juzgado, que insistió en el sobreseimiento de las actuaciones el 22 de octubre de 2012.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón, ante otro recurso de Mulet, resuelve  estimarlo en parte al considerar que durante la instrucción se puso de manifiesto la existencia de un delito de falsedad documental.

La firma de una personas, con las iniciales S. C., fue falsificada en el padrón, donde se la incluyó sin su consentimiento. Una prueba caligráfica al presunto responsable de esa falsificación, que negó haber inscrito a S.C., no resultó concluyente.

Pero la Audiencia considera pertinente hacer una prueba caligráfica al funcionario responsable de los empadronamientos, ya que los documentos "pasaron por sus manos".

Del mismo modo, afirma que aunque no se haya constatado que la falsificación de la firma de S. C. la hiciera otro de los investigados, sí pudo participar en los hechos al haber dispuesto el documento falsificado.

Por todo ello, la magistrada ordena que se reabra la causa y se practique la prueba pericial pedida por Mulet.

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