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Las naves de Sandokán desgastan por dentro al PSOE cordobés

La decisión de la Junta de anular la legalización de los almacenes de Rafael Gómez, que apoyaron los socialistas, deja en evidencia a la dirección provincial

Las naves de Rafael Gómez vuelven a estar en el centro de una polémica.
Las naves de Rafael Gómez vuelven a estar en el centro de una polémica.

Muchos pensaban que era imposible. La Junta jamás rechazaría un acuerdo salido del Ayuntamiento de Córdoba y aprobado por los dos partidos que gobiernan en coalición en San Telmo: PSOE e IU. No se atrevería, por mucho que ese plan supusiese la legalización de más de la mitad de una construcción, las cuatro hectáreas de naves ilegales de Arenal 2000, que supuso una multa impuesta por el mismo Consistorio, de 24.6 millones.

Pero el miércoles, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, que ostenta las competencias de urbanismo, publicó una nota de prensa en la que anunciaba la impugnación del proyecto de regularización de esas naves levantadas por la empresa de Rafael Gómez, Sandokán, y dejando con cara de póker, especialmente, a los socialistas cordobeses.

Muchos añoran el tiempo en el que el PSOE de Córdoba tenía como estandarte y núcleo de su discurso la férrea defensa de la legalidad en el caso las naves. Mientras la alcaldesa Rosa Aguilar, entonces en IU, escurría como podía la polémica, el portavoz municipal socialista, Antonio Hurtado, clamaba por la demolición. Pero la marcha de Aguilar de la alcaldía y su paso al PSOE bajo la dirección de la Consejería de Obras Públicas, comenzó a minar desde dentro la tesis que había servido de cemento a la identidad socialista en este tema. Y la extensión mínima de demolición que la Junta siempre había exigido se redujo de los 20.000 metros cuadrados a los 15.000. Algo por lo que no está dispuesto a pasar ahora el Gobierno regional, que vuelve a exigir una mayor proporción de derribo.

Una legalización gestada por Rosa Aguilar

Fue con Rosa Aguilar en la alcaldía de Córdoba, todavía bajo las siglas de IU, cuando Rafael Gómez Sandokán empezó a construir las cuatro hectáreas de naves ilegales 2005. De hecho, el constructor, que hoy es concejal y el líder del principal partido de la oposición en el Ayuntamiento, Unión Cordobesa, siempre recuerda que impulsó aquel inmenso inmueble con el permiso verbal de la regidora, algo que ella siempre ha negado. Sea o no cierto, es un hecho que la única oposición férrea que se encontró entonces Sandokán fue la del PSOE y la Junta, que exigían la inmediata demolición de las naves.

La lucha llevó a la Junta a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) la aprobación del primer plan especial urbanístico que legalizaba las naves y que había sido redactado por la propia empresa infractora, Arenal 2000, a petición del Ayuntamiento. El documento había sido aprobado en Pleno, con los votos de IU y PP y la oposición del PSOE. El TSJA tumbó aquel documento. Y todo volvió a empezar.

Por eso comenzó a trabajarse en un nuevo plan especial que diera solución al tema de las naves bajo los auspicios de la exalcaldesa Rosa Aguilar. Por la misma persona que, como regidora con IU, había soportado en primera persona los ataques de la Junta y el PSOE era, merced de una pirueta política, consejera de Obras Públicas desde 2010 en el Gobierno regional de José Antonio Griñán. Justo la misma cartera sobre la que recaía la polémica de las naves.

Así empezaron nuevos problemas. Su posición al frente de Obras Públicas, buscando un acuerdo que acercase posturas y fuese benévolo a la hora de permitir que parte de las naves siguiesen en pie, chocaba frontalmente con la de la delegación provincial de Obras Públicas y, especialmente, su delegado, Francisco García, que optaba por una demolición mayor.

Se abrió así una guerra dentro de los socialistas cordobeses entre los partidarios de García y de Aguilar.

Ninguno de los dos tiene ahora cargos de responsabilidad en el Gobierno andaluz. Pero las naves de Sandokán siguen ahí, el nuevo plan municipal ha sido tumbado y todo parece haber caído en un bucle de eterno retorno.

Rosa Aguilar podría ser la más afectada por este tropezón, pero su figura política se ha diluido y no tiene apenas peso en el partido desde que dejó de ser ministra de Medio Ambiente en el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. El que no puede eludir el desgaste político que provoca esta decisión de la Junta es el portavoz municipal del PSOE y secretario general en la provincia de Córdoba, Juan Pablo Durán. Y ese desgaste vuelve a poner encima de la mesa la desestructuración interna que sufre la formación desde hace años y cuyas costuras se resienten siempre que se trata el tema de las naves de Sandokán.

"El partido está roto", resume lacónica una fuente interna. "En este tema está claro que hay dos visiones. Una, liderada por Juan Pablo Durán" y que defiende las decisiones que se han venido tomando pese a los cambios de criterio. "Y otra, que no tiene cabeza visible alguna, que ha sido muy crítica y se ha opuesto a cómo se han llevado las cosas", señala. ¿Y es esta segunda voz discordante la corriente crítica que ya echó un pulso a la dirección provincial hace un año? "No", señala otro miembro de la familia socialista cordobesa. "Esto es algo distinto, más técnico. No tiene mucho que ver con aquel movimiento para sacar a Juan Pablo Durán de la secretaría. Son simplemente voces que llevaban años alertando de que no se estaban haciendo bien las cosas con el tema de Sandokán".

En cualquier caso, la figura de Juan Pablo Durán ha cambiado. "Él tenía el apoyo de la estructura regional del partido, pero el hecho de que no se le consultara, de que no se le advirtiera de la decisión de la consejería y que se enterara por la prensa nos da pistas de que algo está pasando", prosigue esta fuente del PSOE. La misma fuente recuerda que el consejero Luis Planas, también cordobés, tampoco era una apuesta personal de Durán para ese cargo. "Y eso ya se ha notado", destaca.

Al día siguiente de conocer el bofetón de la Junta, Durán dio una de las ruedas de prensa más duras de su carrera. Fundamentalmente, porque por primera vez sus críticas, crudas y amargas, iban directamente dirigidas a sus colegas de la consejería. "Incompleta, confusa y con lagunas jurídicas", así definió la nota con la que la Junta anunciaba su decisión. También se preocupó por subrayar que tampoco la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Isabel Ambrosio, conocía la decisión de la Junta y que, como él mismo, se enteró por la prensa. Pero a pesar de todo, insistió en que en ningún momento se sentía desautorizado.

Y es que oficialmente, nada ocurre dentro del PSOE. Oficialmente, no existe un "cisma" dentro del partido, como dijo el viernes Isabel Ambrosio. Oficialmente, Durán niega que "nadie" le haya dado "un varapalo". Pero extraoficialmente es otra cosa. Hay muchos militantes que aplauden bien fuerte la decisión de la Junta. Y todos tienen la sensación de que este es solo un nuevo capítulo en una lucha interna más parecida a una lenta guerra de desgaste que no se resolverá de un solo golpe en una sola batalla.