¿Quién sucede a Valderas?

En abril del año 2012, cuando Griñán negociaba con Valderas la formación del Gobierno conjunto en Andalucía, el caso de los ERE fraudulentos subió un escalón más en el ámbito de responsabilidad de la Administración autonómica. El consejero de Empleo de la Junta entre 2004 y 2009, Antonio Fernández, entraba en prisión, siguiendo el camino que ya había tomado su subordinado en la dirección general de Trabajo, Javier Guerrero. Era la antesala de la toma de posesión del nuevo Ejecutivo que, diez días después, llevaba a la vicepresidencia de la Junta al coordinador regional de IU, Diego Valderas, y a otros dos dirigentes de la coalición a sendas consejerías, la de Fomento y la de Turismo. La cúpula de IU sabe cuánto costó, internamente, sacar adelante ese acuerdo de Gobierno entre sus propios militantes en un momento en el que el caso de los ERE volvía a escalar las portadas de los medios de comunicación.

Esta semana, cuando se cumple un año de los comicios, la efeméride ha vuelto a estar protagonizada por el escándalo de los ERE fraudulentos, con la nueva entrada en prisión de Javier Guerrero y la innegable realidad de una trama incrustada una década en la Consejería de Empleo y de la que se beneficiaron algunos ex altos cargos, comisionistas, sindicalistas, abogados y compañías aseguradoras. Unos hechos que vuelven a colocar en una situación incómoda a Izquierda Unida en su pacto de Gobierno con el PSOE. Y ahora, además, sin poder poner una condición que fue esencial para justificar el acuerdo: que los socialistas aceptaran la creación de una comisión de investigación. Esa baza ya se agotó, y con un resultado sonrojante: ni hubo conclusiones, ni fijó responsabilidades políticas.

El caso de los ERE, además de un gravísimo problema para el PSOE, se ha convertido también en un quebradero de cabeza para IU. Interno y externo. Valderas, en una entrevista en la Cadena SER, insistía el otro día que su formación política tiene “las manos totalmente libres” en el caso de los ERE: “No está dentro de los aspectos del acuerdo de Gobierno, por eso ni tenemos nada que ver, ni tenemos nada que silenciar, ni Izquierda Unida está atada a nada en este asunto”.

La realidad, sin embargo, es mucho más tozuda. Valderas es consciente de que, a cada paso que da la investigación, se estrecha un poco la delgada línea roja que separa la acción de Gobierno de la connivencia política. Y que son, además, sus militantes los más críticos con este asunto. El líder de IU ha anunciado dónde estaría el límite para mantener el pacto: que el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo “afecte a cualquiera de los que hoy están sentados en el Consejo de Gobierno”. Hay dirigentes en IU que consideran que alcanzado ese punto, ellos también llegarían achicharrados. Y el PP ha decidido reprochárselo a diario.

Con el caso de los ERE en efervescencia, en una legislatura sin apenas recursos económicos y ante una presión constante del Gobierno central contra el Ejecutivo conjunto de IU y PSOE, la federación de izquierdas afronta el relevo de Valderas con un problema añadido. La posibilidad de que se abra un frente interno entre la dirección regional y los miembros en el Gobierno, hasta ahora liderados por la misma persona.

De hecho, todos los nombres que se han barajado para sustituir a Valderas, desde el actual portavoz en el Parlamento, José Antonio Castro, hasta el secretario de política institucional, Antonio Maíllo, tienen relación con el núcleo de Gobierno. El primero, como unos de los interlocutores de IU en la mesa de seguimiento del pacto. El segundo, en su calidad de director general de Administración Local de la Junta. Valderas quiere que su sucesor sea un dirigente involucrado en el acuerdo con el PSOE. La legislatura no lleva un camino fácil y el asunto de los ERE parece instalarse en cada una de las efemérides del pacto con los socialistas.

@jmatencia