Lanzas amasó hasta 13 millones por su mediación en los ERE fraudulentos

El principal intermediario de los ERE fraudulentos, el exsindicalista de UGT Juan Lanzas, logró amasar una fortuna de 13,4 millones en la década en que la corrupción estuvo instalada en la Consejería de Empleo. Lanzas logró este enriquecimiento, gracias sobre todo a las sobrecomisiones de los ERE, por su habilidad para intermediar entre los sindicatos, las empresas y la Junta de Andalucía.

La juez Mercedes Alaya le acusa de siete graves delitos: cinco continuados de cohecho, blanqueo de capitales, falsedad, malversación y prevaricación, otro de tráfico de influencias y finalmente por asociación ilícita. La juez envió a prisión a Lanzas el pasado viernes y en su auto de prisión destaca cómo incluyó hasta 24 intrusos (prejubilados que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas) en los diferentes expedientes de regulación de empleo en los que participó, entre las que se encuentran familiares de sindicalistas, además de él mismo, su esposa o su cuñado.

Con su inmensa fortuna, el intermediario adquirió 16 inmuebles, 11 a su nombre, 4 a través de la empresa Maginae Solutions y un apartamento en la playa a nombre de sus padres.

El dibujo que la juez traza sobre Lanzas le sitúa junto a su gran amigo el ex director general de Trabajo Javier Guerrero y su exjefe, el exdirectivo de la consultora Vitalia Antonio Albarracín, como las piezas claves de las comisiones abusivas. Los tres están en prisión por haberse beneficiado de estas sobrecomisiones junto a bufetes de abogados, testaferros y algunos dirigentes sindicales. Lanzas creó cuatro empresas pantalla en las que situó a cuatro testaferros, trabajó como comercial para la consultora Vitalia y el bufete Estudio Jurídico Villasís, pero sobre todo se movió como un pez solitario en el agua de los ERE. En su periplo de una década, el clan Ruiz Mateos le pagó hasta tres millones por los cinco ERE que orquestó para sus empresas. “Cobró (...) 20 a 25.000 euros cada mes o mes y medio, cantidades que incluso iba a recoger a la casa de los Ruiz Mateos la esposa de Lanzas”, detalla Alaya.

La juez sostiene que Lanzas se quedó la mayoría de las comisiones para su enriquecimiento personal, pero también distribuyó el dinero “entre otros intervinientes en el proceso, cargos públicos incluidos”. De momento, la investigación ha demostrado que el único alto cargo de la Junta que percibió mordidas de las comisiones ha sido Guerrero, aunque Alaya ya ha apuntado en otro auto (el de ingreso en prisión de Eduardo Pascual, expresidente del grupo Eurobank, dueño de Vitalia) que hay más cargos de la Administración autonómica que percibieron dinero de las comisiones.

Según las pesquisas de la Guardia Civil, Lanzas montó una red de empresas, al frente de las cuales puso a testaferros, que servían para blanquear y meter de nuevo en el circuito el dinero procedente de las sobrecomisiones. La instructora, en el auto de prisión del exsindicalista, calcula el dinero que esta red de empresas llegó a facturar: 9,8 millones de euros. A este dinero, la magistrada suma los 600.000 euros que Lanzas recibió por incluirse a sí mismo y a su esposa como instrusos en el ERE de Hitemasa y a dos cuñados, Ismael Sierra y Carmelo Cruz, en el de Dhul.

En relación a los intrusos, la resolución judicial detalla que Lanzas permitió la inclusión de la suegra de Guerrero, Victorina Madrid, en el ERE de SOS Cuétara; de la madre del chófer del ex alto cargo y la de dos vecinos de su pueblo, Albánchez de Mágina (Jaén). También, “por afinidad política”, incluyó al exdirigente del PSOE de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo en el ERE de la sociedad municipal Mercasevilla. El caso de Garrido Santoyo es el primer intruso conocido, en 2010, en la trama de los ERE fraudulentos. En este ERE Albarracín intentó incluir a Lanzas como intruso, pero el exdirector de Mercasevilla imputado Fernando Mellet, se negó.

En el detalle del auto, Alaya señala además que Lanzas incluyó como intrusas a las esposas de Rafael Mesa y Javier García de los Reyes, ambos de UGT, en el ERE de Hitemasa, y a la esposa de Damián Jiménez, de Comisiones Obreras, en el Dhul. La juez detalla que la amistad entre Guerrero y Lanzas se forjó cuando este era sindicalista. Posteriormente Lanzas empezó a trabajar en el bufete Estudios Jurídicos Villasís, salpicado por la trama de las sobrecomisiones, con lo que ofrecía el “paquete completo” para la tramitación de los ERE.

En el auto de prisión, la juez señala que Lanzas consiguió la confianza de otros ex altos cargos de la Administración andaluza, como el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, condenado por el caso Mercasevilla (el intento de soborno denunciado por empresarios de la hostelería de Sevilla). Gracias a esta amistad, Lanzas logró la inclusión como intrusos de José Antonio Márquez, concuñado de Rivas, y Manuel López, esposo de una exconcejal del PSOE en Camas, localidad de la que fue alcalde el ex delegado de Empleo.

Por otra parte, la defensa del exdirectivo del grupo Eurobank, Eduardo Pascual, considera que la juez se extralimitó al detenerle 78 horas y 30 minutos la semana pasada en la Operación Heracles. Por ello, el empresario ha pedido la nulidad de su ingreso en prisión, decretado por la magistrada el sábado, tras su detención el miércoles y después de las 72 horas que estipula la ley.