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El drama de los desahucios

La Generalitat cambia la ley para proteger más la contratación de hipotecas

El interés de demora máximo se fija en el 10% y cualquier cláusula que lo supere será abusiva

Los cambios no tendrán carácter retroactivo por las limitaciones legales para hacerlo

Aunque sea tarde y como respuesta a la presión social, las instituciones empiezan a mover ficha para proteger a los ciudadanos de la actual legislación hipotecaria. El Gobierno de la Generalitat aprobó ayer el proyecto para modificar la Ley el Código de Consumo de Cataluña con el fin de aumentar la transparencia en la contratación de créditos o préstamos y poner tope a la actuación de las entidades bancarias.

Una de las principales novedades es que se fija un interés de demora máximo que no podrá superar 2,5 veces el interés legal del dinero, de manera que cualquier cláusula hipotecaria que incluya un porcentaje superior se considera abusiva. Eso significa que el incumplimiento de los pagos no se penalizará con más del 10%. Actualmente, algunas entidades financieras aplican un recargo que llega hasta el 30%. El Gobierno del PP anunció en diciembre su intención de fijar este tope en el 12% de interés. La modificación no será retroactiva por las dificultades que comporta para ello actual ley hipotecaria.

Otra modificación afectará a la publicidad de las comunicaciones que reciba el ciudadano. La Generalitat se propone que esos documentos sean claros, objetivos y no engañosos. “Que no se generen falsas expectativas a los consumidores”, dice el Gobierno catalán. Y para eso hace falta que se diga claramente las comisiones que se cargarán y los gastos que se generarán, algo que hasta ahora no existía.

Son obviedades, pero la inmensa mayoría de los ciudadanos firmaron su hipoteca sin tener claras las consecuencias en caso de impago. Ahora la ley obligará a que se advierta al consumidor sobre la posibilidad de incrementar el tipo de interés, del riesgo de perder la vivienda si no se abonan las cuotas y de las cláusulas que suponen un mayor riesgo.

“No puede volver a ocurrir que gente de buena fe contrate productos y luego por la letra pequeña acaben en un callejón sin salida y en una situación tan lamentable”, dijo ayer el consejero de la Presidencia, Francesc Homs, al acabar la reunión semanal del Gobierno catalán.

El consumidor también podrá escoger el notario que intervendrá en la operación y aportar una tasación del inmueble, que deberá ser aceptada por la entidad bancaria, que es ahora quien la realiza.

También se refuerza la obligación de los notarios para informar al consumidor de todo lo que implica el préstamo que se está firmando y de tener la escritura pública del contrato con una antelación mínima de tres días a la firma. El proyecto promueve la mediación y el arbitraje para resolver conflictos, con especial atención a los relacionados con casos de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual.

Cambio de discurso

Miquel Noguer

Cambio de discurso de Convergència i Unió y del Gobierno catalán respecto al escándalo de las participaciones preferentes. El Ejecutivo de CiU dejó meridianamente claro el pasado verano que no estaba por la labor de que la venta de preferentes por parte de las cajas catalanas fuera investigada en el Parlament. El Gobierno aseguró que la comisión de investigación de las cajas debía limitarse a investigar las entidades que habían recibido dinero público. Ocho meses más tarde y con el malestar social en cotas máximas por las preferentes, el Gobierno catalán mostró ayer un discurso bien diferente.

El consejero de la Presidencia, Francesc Homs sostuvo que en algunos casos el problema de las preferentes “es punzante porque directamente se ha engañado a la gente”, y defendió que CiU apueste ahora porque representantes de todas las entidades que comercializaron estos productos comparezcan ante la comisión de investigación del Parlamento autónomo.

“Es más necesario que nunca que se den explicaciones”, defendió el consejero, quien argumentó que no han tenido la misma actuación en este caso las entidades intervenidas por el Estado que el resto de bancos y cajas de ahorro. El Gobierno de CiU argumenta que su cambio de posición obedece también al cambio que se ha dado en la sociedad en los últimos meses, con un aumento de la preocupación por los escándalos bancarios.