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Griñán reta a investigar a la vez los casos Bárcenas y ERE en el Congreso

El presidente andaluz dice que "no hay argumento legal posible" para imputarlo por los ERE

Veinticuatro horas después de que el PP pidiera su comparecencia en el Congreso, el presidente andaluz, el socialista José Antonio Griñán, contestó con otro desafío: el de investigar a la vez en la Cámara baja el caso del fraude de los ERE pagados con fondos públicos y el caso del extesorero del PP Luis Bárcenas y la presunta financiación ilegal de este partido. “Me encantaría una comisión de investigación conjunta donde compareciéramos todos, incluidos los ministros. Sería estupendo”, dijo Griñán.

Los populares creen que nada tiene que ver un caso con otro, ya que si Bárcenas “ha robado” lo hizo a su empresa, el PP; mientras los ERE afectan a una “trama de saqueo público”, según el número dos del PP andaluz, José Luis Sanz.

Por ahora, ni el grupo popular ha pedido investigar los ERE en las Cortes, ni piensa citar a Griñán. Tampoco el grupo socialista ha registrado una iniciativa sobre el caso Bárcenas, por lo que las propuestas que tanto el PP como el PSOE de Andalucía se están cruzando forman parte más bien de un intento de poner altavoz a sus iniciativas.

La reacción de Griñán a la petición del presidente regional del PP, Juan Ignacio Zoido, para que acuda al Congreso a dar cuenta de su etapa como ministro de Trabajo hace 17 años no ha sido la de negarse, aunque él mismo lo consideró un “disparate político y jurídico”. Los socialistas andaluces mantienen que en el caso de los ERE fraudulentos han tenido una posición de colaboración con la justicia y de dar todas las explicaciones necesarias en el Parlamento andaluz, incluida la celebración de una comisión de investigación. Sin embargo, esta no se constituyó hasta que al PSOE no le quedó más remedio, por su pacto con IU, ya que en la anterior legislatura, cuando tenía mayoría absoluta, la rechazó hasta en 10 ocasiones.

Griñán aseguró que no tenía “ningún inconveniente” en comparecer en la Cámara baja y “donde sea necesario”. El Reglamento del Congreso no regula esta posibilidad —salvo que las personas citadas lo hagan en el ámbito de una comisión de investigación— y la costumbre parlamentaria, que a veces tiene el mismo peso que la norma, señala que los Gobiernos y presidentes autonómicos deben ser controlados por sus propios parlamentos, según recordó este lunes el vicepresidente de la Cámara baja, el socialista Javier Barrero.

“Comparecer en el Congreso no depende de mí, pero para que no haya duda de mi disposición de dar todas las explicaciones necesarias, he pedido comparecer en el Parlamento de Andalucía”, resaltó el socialista. Griñán ya acudió a la comisión de investigación, como también lo hizo su antecesor, Manuel Chaves. También ha contestado a 12 preguntas en la sesión de control y en el Parlamento autónomo se han tramitado 466 iniciativas sobre el mayor caso de corrupción de Andalucía.

Pero todavía nadie ha asumido en el Gobierno andaluz ni en el PSOE la responsabilidad política de la gestión fraudulenta de fondos públicos de la Junta durante 10 años, el tiempo que estuvo al frente de la dirección general de Empleo Francisco Javier Guerrero, encarcelado la semana pasada. Griñán sostiene que “no hay argumento legal posible” para que sea imputado. El presidente andaluz no ha podido cortar ninguna cabeza en su Ejecutivo porque ya no están los dos exconsejeros que mantuvieron a Guerrero: José Antonio Viera y Antonio Fernández. Tampoco el PSOE apoyó en la comisión de investigación las conclusiones de IU que señalaban a Viera —diputado en el Congreso y no está imputado— y Fernández como máximos responsables del caso. Entre otros motivos, porque, de haberlo hecho, varios diputados del grupo socialista muy afines a Chaves no lo hubieran secundado.

Griñán aseguró, en la conferencia de prensa tras la reunión de la ejecutiva del PSOE, que no sabía si su grupo había cometido un error al negarse a apoyar estas conclusiones. “No sé si lo cometió o no, en cualquier caso, mirando al futuro las responsabilidades políticas quedarán muy claras”.

Por ahora, el nuevo impulso judicial al caso de los ERE no afecta a la coalición con IU. La federación de izquierdas se “replanteará” el pacto si resultan implicados miembros del Gobierno, según Diego Valderas, líder de IU y vicepresidente de la Junta.

Cronología de un fraude

21 de diciembre de 2010. Javier Guerrero, ex director general de Trabajo, declara ante la policía que manejó un “fondo de reptiles” para empresas en crisis, aunque luego se desdice.

9 de marzo de 2012. La juez Mercedes Alaya encarcela a Guerrero por su implicación en el fraude. 24 de abril de 2012. La magistrada ordena el ingreso en prisión de Antonio Fernández, exconsejero de Empleo, acusado de cohecho, prevaricación y malversación.

1 de junio de 2012. Un informe de la Guardia Civil acusa al también exconsejero José Antonio Viera, hoy diputado del PSOE en el Congreso, de tener un papel esencial en el caso.

20 de marzo de 2013. La Guardia Civil detiene a 22 personas por su supuesta implicación en el cobro de sobrecomisiones en los ERE pagados por la Junta de Andalucía.

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