Ciscar intenta aplacar el malestar de los regantes

El consejero de Agricultura, José Ciscar, intentó ayer aplacar el malestar de los regantes después de que el Gobierno haya publicado el borrador del plan hidrológico del Tajo, que aumenta la reserva en la cabecera del río de 240 hectómetros cúbicos a 400. Una cantidad que dificulta el trasvase del Tajo al Segura, vital para los regantes del sur de la provincia de Alicante.

Ciscar se escudó en que las pretensiones iniciales del Gobierno eran mucho mayores, ya que se pretendía elevar la reserva a los 600 hectómetros cúbicos y subir el caudal ecológico del río de 6 a 10 metros cúbicos por segundo en Aranjuez y de 10 a 16 en Talavera de la Reina. El vicepresidente y consejero de Agricultura esgrimió también la firma de un memorándum conjunto con Murcia y el Ministerio de Agricultura —al que no se sumará Castilla-La Mancha y que no tiene validez jurídica— que señala que “el mantenimiento del trasvase es un objetivo estratégico” y que su permanencia “debe quedar garantizada”.

“Nos queda mucho camino por recorrer, pero lo acuerdos ponen de manifiesto que el trasvase va a continuar y a obtener consensos”, recalcó Ciscar.

La opinión del Gobierno valenciano no es compartida por buena parte del colectivo de regantes. El presidente de ASAJA-Alicante, Eladio Aniorte, que se ha destacado por sus declaraciones contundentes en la defensa del trasvase durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se mostró “furioso, decepcionado y vapuleado” por el acuerdo asumido por la Generalitat.

“La propuesta supone una derrota sin paliativos para la provincia de Alicante, Almería y Murcia y la eliminación de las reglas de explotación del trasvase”, asegura Aniorte, que afirma que “la todopoderosa señora de Cospedal \[presidenta de Castilla-La Mancha\] ha conseguido un buen acuerdo para su región”.

La Unió de Llauradors advirtió que el último borrador del plan hidrológico del Tajo “pone en serio peligro” el trasvase a la cuenca del Segura y anunció que presentará alegaciones en el periodo de consulta pública.

“Nos preocupa la sumisión de los políticos de nuestra tierra, que no son capaces de alzar la voz y rebelarse como antes lo hacían, su pasividad y sometimiento a las directrices de la todopoderosa Cospedal les hace quedar en entredicho sobre los verdaderos intereses que defienden”, argumenta la Unió de Llauradors en su comunicado.