La “absoluta arbitrariedad” del gobierno de Jerez duplica los costes del ERE

El Ayuntamiento de Jerez tiene un nuevo frente económico abierto. En cinco días hábiles debe desembolsar o avalar el coste de ejecutar un expediente de regulación de empleo (ERE) irregular. En el mejor de los casos, el gasto previsto por el gobierno para tramitar los despidos de 260 trabajadores municipales se duplica.

La alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, no está dispuesta a readmitir al personal cesado y aboga por una indemnización por extinción de contrato improcedente (45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades). El Consistorio, con parte del salario de febrero de la plantilla municipal aún pendiente de abonar, deberá ingresar unos cinco millones de euros a los 135 exempleados que, según la sentencia del TSJA redactada por la ponente Eva María Gómez, fueron destituidos “con absoluta arbitrariedad”. Es una cifra de mínimos. El valor de las indemnizaciones se puede disparar hasta los 20 millones de euros, según cálculos de los sindicatos, si el despido improcedente se extiende también a las 125 personas que se quedaron en la calle por criterio de edad al superar los 59 años.

En el pleno municipal de este viernes, Pelayo se explayó al tratar de minimizar los efectos de la resolución judicial que revoca el ERE, pero no dedicó ni un segundo de su discurso a evaluar el sobrecoste que supondrá a las arcas públicas la aprobación de una regulación de empleo contraria a derecho.

“¿Es justo que el erario público costee los errores del gobierno?”, preguntaba la oposición. “¿Es justo que los ciudadanos paguen los intereses de la deuda heredada? ¿Es justo un registro de la Guardia Civil para buscar el dinero de los ERE de la Junta?”, replicaba la alcaldesa del Partido Popular.

La sentencia del alto tribunal andaluz que confirma la “arbitrariedad” de los despidos en la Administración municipal jerezana centró la sesión plenaria. Los tres partidos de la oposición presentaron una propuesta por la vía de urgencia con dos únicos puntos: readmisión del personal despedido y dimisión del gobierno municipal.

Ni lo uno, ni lo otro. “No nos hemos planteado la dimisión. No ha habido ningún abuso. Ni hemos contratado a nadie ni hemos enchufado a nadie ni nos hemos ido de comida ni de viaje”, justificó Pelayo entre los abucheos de decenas de extrabajadores municipales que asistieron al salón plenario. “Simplemente, lo único que se está diciendo por parte de la sentencia es que hemos cometido un posible error a la hora de designar a las personas que tenían que estar en un ERE. Ni es nulo ni se ha tumbado”, añadió entre las quejas voceadas de los afectados. “Si no cumplimos el ERE y el plan de ajuste, se nos cae toda la casa. Sería injusto el ver que un Ayuntamiento tiene que cerrar sus puertas. Poquito a poco se van resolviendo las cosas. Hoy los trabajadores municipales tienen las nóminas del año aseguradas”, lanzaba al tiempo que algunos de los operarios cesados, cada vez más crispados, la llamaban “sinvergüenza”.

Desde los bancos de la oposición, el PSOE pedía responsabilidades políticas; el exalcalde y portavoz de Foro Ciudadano, Pedro Pacheco, anunciaba consultas jurídicas para evaluar si el contribuyente debe pagar un error del gobierno “a sabiendas de que lo ha cometido”; e Izquierda Unida criticaba a una alcaldesa “deslegitimada” por una sentencia que “no admite interpretaciones”. “La sentencia, quieran o no, es un bofetón al gobierno local. Es una seria llamada al orden. Es afirmar que lo que están haciendo no es justo. No cabe decir que el expediente estaba justificado. La sentencia concluye que el despido colectivo no se ajusta a derecho. El TSJA tumba el ERE. Tumba el ERE. Es más que evidente que hay una responsabilidad política y debería asumirla alguien”, espetó Joaquín del Valle, portavoz de la coalición de izquierdas.

Las centrales sindicales demandantes anunciaron ayer que presentarán un recurso ante el Tribunal Supremo con el fin de que la Justicia declare nulo el despido colectivo y dicte la readmisión forzosa de los 260 afectados por el ERE.