Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

El juez imputa a Matas y a Solà por malversar fondos de la ACM

El ex secretario general del ente municipalista y su 'mano derecha' en la asociación, ambos de Convergència, declaran el 17 de abril por desviar más de un millón de euros a sus bolsillos

Xavier Solà, a la izquierda, y Josep Maria Matas. Ampliar foto
Xavier Solà, a la izquierda, y Josep Maria Matas.

El ex secretario general de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Josep Maria Matas, y quien fue su jefe de servicios jurídicos y mano derecha, Xavier Solà, declararán el próximo 17 de abril como imputados por desviar más de un millón de euros del ente municipalista ligado a CiU. El titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, que acusa a Matas y Solà, ambos cargos de Convergència, de acometer el “expolio” de la ACM.

La decisión judicial llega un mes después de que el fiscal Emilio Sánchez Ulled presentara la querella, en la que denuncia que la malversación de fondos a través de trabajos ficticios y facturas infladas permitió a ambos aumentar de forma notable su nivel de vida. Matas, que también fue coordinador general de la Diputación de Barcelona, adquirió “un significativo patrimonio inmobiliario” y “vehículos de alta gama”. Su amigo Solà, que fue número dos del Departamento de Cultura en la anterior legislatura, pagó gracias al saqueo “una segunda residencia en Cadaqués”.

En su resolución, el juez accede a las diligencias que solicitó el fiscal; entre ellas, la imputación de los cinco querellados. Una semana después de que declaren Matas y Solà lo harán las otras tres personas que, según el fiscal, colaboraron en el desvío: Ramon Grau, testaferro de Matas en una de sus sociedades instrumentales; José Escoda, implicado en una operación urbanística en Vic; y Lluís Tresserres Matas, primo del dirigente que cobró de la ACM por trabajos no realizados.

Según el fiscal, Matas aprovechó su poder “omnímodo” sobre las cuentas del ente para perpetrar el fraude a través de empresas “instrumentales”, como avanzó EL PAÍS hace un año. Una de esas empresas es Parés i Solé SL, que pasó a controlar en 2005 y que en cuatro años facturó a la ACM casi 850.000 euros por resúmenes de prensa, encuadernación de directorios y publicación de manuales. La empresa, en realidad, no prestó esos servicios. Los proveedores reales giraban las facturas a Parés i Solé y Matas “incrementaba ilícitamente el precio” de esos servicios a la ACM para quedarse la diferencia: en total, 476.000 euros desviados.

El expolio se “sofisticó” más tarde y Matas pasó a facturar diversas cantidades al ente que dirigía por “servicios absolutamente inexistentes”, según el fiscal, aunque no se ha podido probar en todos los casos porque no se conserva documentación. Solà, entonces jefe de los servicios jurídicos, se sumó a la trama a través de un convenio público. La ACM se comprometió a ayudar a sus Ayuntamientos asociados a elaborar un catálogo de masías. Para tal fin, la Generalitat aportó 1,3 millones de euros. En 2008, una sociedad instrumental de Matas cobró 214.771 euros por esos trabajos. Al año siguiente, lo hizo una empresa de la misma naturaleza de Solà por 189.912 euros. Ellos solo cobraron, porque el catálogo lo hicieron los Ayuntamientos y la ACM. Ambos también se lucraron, concluye el fiscal, con un proyecto inmobiliario a través de una fundación de vivienda pública en Vic.